En este marco, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) convino con el Gobierno Nacional conformar un equipo de la más alta calidad y abrir una amplia consulta nacional y regional, que ofreciera a la sociedad civil y a la Rama Judicial oportunidad de expresar sus inquietudes y crear un consenso en torno a la necesidad de un cambio trascendental en la estructura del proceso penal. Ello en el marco de una política criminal de Estado de la cual carece el país.
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