
Bogotá, 5 de mayo de 2026. La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) solicitó al Ministerio de Salud el archivo del proyecto de resolución sobre etiquetado frontal, tras advertir que el Ejecutivo está intentando asumir funciones que corresponden exclusivamente al Congreso de la República. Para este centro de pensamiento, la petición no se fundamenta en una discrepancia técnica sobre nutrición, sino en una defensa de la seguridad jurídica. Según la CEJ, el Ministerio excede el marco de la Ley 2120 de 2021, la cual solo le permite reglamentar excesos de “nutrientes críticos” (azúcares, sodio y grasas), mas no crear nuevas categorías como el sello “Ultraprocesado”, lo que constituye una usurpación de la función legislativa.
Para la CEJ, el respeto a los límites constitucionales no es un obstáculo burocrático, sino la garantía esencial que protege a ciudadanos y empresas frente a posibles ejercicios arbitrarios de la autoridad. La Corporación sostiene que los fines valiosos, como la salud pública, no pueden ser utilizados como pretexto para ignorar la separación de poderes. Una regulación que nace desbordando la ley genera incertidumbre normativa y desincentiva la inversión, además de nacer con vicios que la hacen vulnerable a ser anulada por la justicia contenciosa.
En la solicitud la CEJ enfatiza que el camino correcto para este tipo de medidas es el debate parlamentario. Si la política pública requiere extender las advertencias, dicha discusión debe darse en el Congreso de la República, garantizando la participación de todos los sectores y el rigor científico necesario. La Corporación advirtió que permanecerá vigilante ante el desarrollo de este proceso y se reserva el derecho de acudir a instancias judiciales y administrativas, tanto nacionales como internacionales, para asegurar que la salud pública no se promueva a costa de quebrantar el Estado Social de Derecho.
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