Bogotá, 12 de junio de 2025. La Administración de Justicia es independiente. En sus decisiones, como ordena el artículo 228 de la Constitución, prevalece el derecho sustancial. Este mandato superior define la prerrogativa de los jueces de la República de obrar con absoluta autonomía, sin temor a interferencias o presiones indebidas. También establece la obligación de todos los asociados y, por supuesto, de los demás poderes públicos de garantizar el cumplimiento de esta norma fundamental.
La Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ—, como expresión de la ciudadanía, reitera su inquebrantable compromiso con este precepto, que no solo es garantía del principio de separación de poderes, sino también de la existencia del orden democrático en el país.
La expedición del decreto que convoca a la consulta popular por parte del Gobierno Nacional, pese a la negativa del Senado de la República de dar concepto favorable a la convocatoria a una consulta popular, tiene en el Consejo de Estado y, eventualmente, en la Corte Constitucional, los foros de discusión jurídica, en los que, de forma imparcial y serena, se deben resolver todos los asuntos ligados a esta decisión del poder Ejecutivo. En consecuencia, ha llegado el momento en que la justicia, en su sabiduría, con los tiempos que requiera, con la tranquilidad y la ponderación que las circunstancias reclaman, arribe a la decisión que en derecho corresponda.
La tradición judicial colombiana, arraigada en un inquebrantable sentido del deber y en la sujeción a las normas propias del Estado Social de Derecho, es una herencia que se debe preservar. En ese sentido, debe ser motivo de tranquilidad para todos los colombianos que las altas cortes de justicia garantizan, con sus actuaciones, como hasta ahora lo han hecho, que ese patrimonio se encuentra a salvo.
