- El 77% de los pregrados en derecho en Colombia no son de alta calidad.
- La mayoría de las suspensiones contra abogados no superan los seis meses.
Un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ— revela que entre 1996 y 2022 el número de abogados inscritos en el país aumentó 472%. En efecto, Colombia registró 375.580 juristas inscritos al cierre del año 2022, lo que lo deja como uno de los países a nivel global con mayor tasa de abogados con un total de 728 juristas por cada 100 mil habitantes, según datos de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA).
Lejos de corregirse, esta sobreoferta de abogados cada año tiende a aumentar. Por ejemplo, entre 2018 y 2021 —con excepción de la disminución que se produjo en 2020 por la pandemia— hubo un aumento sostenido en el número anual de tarjetas profesionales nuevas, dado que se expidieron en total 74.178 tarjetas: 18.895 en 2018, 19.947 en 2019, 13.855 en 2020 y 21.481 en 2021.
Si bien Colombia es uno de los países con mayor tasa de abogados, esta situación ya venía siendo puesta de presente desde 2008, año en el cual el país ocupó el segundo lugar en América con 354 profesionales del derecho por cada 100 mil habitantes, después de Costa Rica con 389. En Sudamérica los seguían Brasil con 327, Argentina con 305, Perú con 248 y Uruguay con 196 abogados por cada 100 mil habitantes.
Las cifras hacen parte de la investigación Ejercicio profesional del derecho en Colombia: perspectiva actual e ideas para su mejoramiento, el cual hace una pormenorizada radiografía sobre el estado y la calidad de la profesión jurídica en el país, un asunto de interés general teniendo en cuenta la alta participación de la profesión en diferentes cargos públicos y privados, pero, a su vez, los escasos estudios en esta materia.
En cuanto al género, históricamente la profesión ha estado dominada por hombres, y aunque las mujeres ganaron una mayor presencia entre 1996 y 2008, en los años siguientes esta tendencia se revirtió. Sin embargo, durante los últimos años el número anual de mujeres que se inscribieron como abogadas superó el número anual de hombres, si se tiene en cuenta que de las 108.063 tarjetas profesionales expedidas entre 2016 y 2021, cada año más de la mitad corresponden a mujeres.
El 77% de los pregrados en derecho en Colombia no son de alta calidad
Además del panorama actual de la abogacía, el informe de la CEJ advierte que solo el 23% de los programas de pregrado en derecho ofertados por las Instituciones de Educación Superior en Colombia están acreditados como programas de alta calidad. De los 196 estudios superiores ofertados por las 114 universidades que cuentan con pregrados de este tipo, únicamente 46 tienen el reconocimiento que les otorga el Ministerio de Educación Nacional, mientras que los 150 programas restantes, es decir el 77%, apenas cuentan con un registro calificado.
La investigación también advierte que las 114 facultades de derecho equivalen a 22 por cada 10 millones de habitantes, esto es casi cuatro veces el número de facultades que alberga un país como Estados Unidos que tiene 199, es decir, seis facultades por cada 10 millones de habitantes. Actualmente, Colombia cuenta con el triple de universidades con programas de pregrado si se compara con las 32 facultades y los 60 estudios superiores que existían en 1993, un crecimiento que se explica, en cierta medida, a partir de la promulgación de la Ley 30 de 1992, que organizó el servicio público de educación superior y eliminó algunas restricciones para la creación de universidades o programas de derecho, buscando ampliar la oferta educativa.
Aunque la ley lo prohíba, la procedencia universitaria es uno de los elementos determinantes en los procesos de evaluación de perfiles profesionales para la contratación laboral. Al respecto, el análisis de la Corporación plantea dos realidades frecuentes en el ámbito estudiantil: la desigualdad por la concentración geográfica de la oferta educativa de alta calidad, concentrándose principalmente en Bogotá (24%), Medellín (13%), Barranquilla (13%), Bucaramanga (7%), Cali (7%) y Tunja (7%), y las barreras de acceso basadas en matrículas altamente costosas para estudios superiores de alta calidad. Según el estudio, solo el 20% de los programas de pregrado acreditados pertenecen a universidades del sector público.
La mayoría de las suspensiones contra abogados no superan los seis meses
El informe de la CEJ, que también analizó el control disciplinario de la profesión, revela que entre 1996 y 2020 se adelantaron 24.792 investigaciones, de las cuales el 84.4% —o sea 20.933 pesquisas— derivaron en una sanción. Comparado con el número anual de abogados vigentes, el control disciplinario, que durante ese periodo estuvo cargo de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, fue prácticamente marginal en razón a que el número anual de juristas investigados y sancionados difícilmente superó el 1% del total de tarjetas profesionales vigentes.
La realidad de las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura no fue muy diferente. De acuerdo con el estudio, de las 102.651 causas disciplinarias iniciadas entre 1991 y 2011, al menos 70.129 fueron archivadas, 11.229 terminaron en absolución y 21.293 culminaron en sanción, es decir el 20.7%.
En cuanto al tipo de sanciones entre 1996 y 2020, la mayoría corresponden a suspensiones, seguido de las censuras y, en menor proporción, se encuentran las exclusiones, las amonestaciones y las multas, que tan solo registran el 5% total de los castigos. No obstante, considerando su duración, las suspensiones se caracterizaron por ser bastante laxas puesto que, entre 1996 y 2020, el 65% fueron inferiores a seis meses, el 27% tuvo una duración entre seis y 12 meses, y las mayores a un año no superan el 8%.
Ahora bien, desde el 13 de enero de 2021 la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura fue reemplazada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ), dejando un saldo de 802 abogados sancionados en 2021: el 55% con suspensión, el 19% con suspensión y multa, el 18.6% con censura y el 5.6% con multa. Al igual que la Sala Disciplinaria, las suspensiones fueron el tipo de sanción más frecuente de la CNDJ contra juristas, determinando que el 78.9% de estas tuvo una duración de seis meses o menos.
