Día tras día se nos informa sobre la variación del índice de desempleo, de la caída del volumen de las exportaciones, del índice de inflación, de los miles de millones de pesos que el Gobierno invertirá en obras de infraestructura y demás números que tienen que ver con el comportamiento de la economía nacional.
Es apenas natural que la atención de la ciudadanía se concentre en esas cosas que de una u otra forma afectan su vida cotidiana y la calidad de la misma. La divulgación de cifras que revelan la desaceleración del crecimiento de la economía nos preocupa a todos.
Esa fue, quizás, la razón para que una información dada a conocer por la Unión Europea pasara un tanto desapercibida por la opinión pública y no suscitara mayores comentarios en los medios de comunicación.
No se trata, sin embargo, de algo irrelevante o que no afecte nuestra cotidianidad. Por el contrario, tiene que ver con algo muy profundo y que se halla en la base del fundamento del Estado: el castigo a los delincuentes, la sanción a los criminales.
En efecto, según un estudio adelantado recientemente por la Unión Europea, la posibilidad de que un homicida en Colombia sea castigado por la justicia es tan solo de un 7%. El dato forma parte de una investigación que se llevó a cabo como evaluación del nuevo Sistema Penal Acusatorio en vigencia en el país en forma gradual a partir de enero de 2005.
La cifra es en realidad muy preocupante, por no decir otra cosa. Simple y llanamente significa que la impunidad penal en Colombia en materia de homicidios es casi absoluta; es decir, el Estado es casi incapaz de perseguir, responsabilizar y castigar a quienes atentan contra la vida de los ciudadanos.
Visto desde otra óptica, estamos ante el fracaso de una de las funciones esenciales de todo Estado, como es la de administrar justicia. Nada más ni nada menos. Con todas las secuelas perversas que ello tiene en la vida de una sociedad.
¿Qué ocurre, efectivamente, en una sociedad donde el crimen no es castigado severamente, donde los homicidas gozan de una impunidad casi absoluta, donde es casi imposible encausarlos debidamente para que respondan ante los jueces por sus delitos?
Son estos planteamientos los que nos tenemos que hacer los colombianos. Son los que deben hacerse los responsables de la justicia penal en el país, a los cuatro años de vigencia del nuevo sistema acusatorio.
Las primeras opiniones que se han escuchado al respecto coinciden en señalar que el nuevo sistema fue demasiado generoso en garantías procesales para los inculpados, lo cual sería la principal causa de tanta impunidad. Otras opiniones afirman que los delincuentes aprendieron rápido a manipular ese sistema y ya saben cómo evadir la justicia.
El asunto reviste mucha gravedad, porque ya empieza a generar cierta frustración entre la ciudadanía y entre las mismas autoridades policiales, que ven cómo los delincuentes, capturados en flagrancia, son puestos en libertad rápidamente porque la legislación lo permite.
Esa sensación de que es imposible administrar justicia por las vías legales puede conducir a que los ciudadanos traten de recurrir, nuevamente, a administrarla por sus propias manos, como ya ocurrió en años recientes, con las bárbaras consecuencias que todos conocemos.
Aquí en Barranquilla, ya se han dado varios casos de homicidas que fueron puestos en libertad por vencimiento de términos y de otros que pronto estarán en la misma situación.
Estamos, pues, ante una realidad que debe provocar una reflexión seria y profunda sobre las bondades y defectos del nuevo Sistema Penal Acusatorio, porque la impunidad sigue reinando en el país. Y se sabe que esa es, en cualquier sociedad, la principal causa de la reproducción de la delincuencia.
El Heraldo / 17 de abril de 2009
