Basta mencionar un caso paradigmático. Hace más de 10 años, surgió un conflicto entre los Gilinski y el Banco de Colombia. Para nuestro propósito, poco importa la naturaleza del conflicto o quién tiene o no la razón. Tras casi cuatro mil días, muchas horas-hombre de operadores de justicia, millones de dólares en honorarios y muchos avisos de prensa, pronunciamientos de eminentes ex fiscales y probablemente otras cosas que no vemos, este pleito no concluye.

En Colombia, los procesos son interminables. Por la indolencia -o peor, la connivencia- de los jueces o el abuso del sistema, se impiden o dilatan las sentencias definitivas y se entorpece la cosa juzgada reabriendo procesos terminados.

Cuando un conflicto se lleva ante la justicia, se hace con el presupuesto de buena fe, lealtad procesal y acatamiento de sus fallos. Aquí no. Vemos sin asombro que se demanda por demandar, se dilatan los procesos de manera injustificada para ganar tiempo o buscar la prescripción apelando a innumerables excepciones y dilaciones. No nos importa que se penalicen acciones civiles o comerciales con el solo ánimo de extorsionar o de forzar un arreglo, o que se abuse de recursos que existen para garantizar derechos fundamentales y no para menoscabar la legitimidad de la propia justicia.

Aquí son pleitos exitosos los que logran burlar los derechos de la contraparte. O aquellos en los que se promueve con descaro el desacato de los fallos de la justicia formal o de mecanismos alternos de solución de controversias, en casos como el de Invercolsa o el de la ETB y Unisys, resuelto, a altísimos costos, por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). En el país es posible usar el aparato judicial para dañar el crédito de otro o usar malas prácticas.

El país necesita jueces que integren la norma a la realidad nacional y sean coherentes, eficaces y proactivos en la resolución de los conflictos. Que ejerzan una función creadora del derecho, pero también de los valores y principios que la nación necesite. Que sean éticos y justos en la percepción del problema y objetivos e imparciales en la apreciación de la prueba.

Corresponde a los mismos jueces establecer los mecanismos y correctivos necesarios para ganarse el respeto a su tarea. Y eso pasa por impedir dilaciones y asegurar la calidad y pertinencia de sus fallos. El juez debe volver a ser majestuoso, pero debe ganarse esa condición.

Difícil exigir fallos ponderados cuando la justicia se presta para shows mediáticos. Los debates judiciales deben hacerse en los tribunales y no en los medios, y los jueces deben solamente pronunciarse a través de sus sentencias y no de comunicados de prensa o declaraciones ante los medios.

Por eso, la Corporación Excelencia en la Justicia propone un esfuerzo nacional por el respeto a la justicia. Que operadores, abogados, usuarios y el país entero comprometamos nuestra voluntad para rescatar la capacidad que tiene la justicia de contribuir al desarrollo de la paz y el bienestar de todos y que impulsemos esa transformación mediante el adecuado control social.

* Directora Ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia

El Tiempo / 25 de junio de 2008

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