Mientras que a la misma pregunta el senador Roy Barreras respondió que “una Alta Corte con una sala constitucional especializada cuya segunda instancia sea la Sala Plena de esa Corte Suprema que dirima como Corte de cierre, incluso, las tutelas contra fallos judiciales podría resolver al asunto. Pero una reforma de esa naturaleza tendría que consultarse con las Cortes”.

Tutela

Desde la malograda reforma a la justicia que finalmente fue hundida por el Congreso en 2012 por solicitud del presidente Santos, quien argumentó la existencia de micos en el texto, se ha hablado de ponerle límites a la tutela. Incluso el debate sobre el particular se encendió nuevamente ante la llamada tutelatón que surgió como reacción al fallo de la Procuraduría que destituyó a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá y lo sancionó por 15 años para ocupar cargos públicos.

La Corporación Excelencia en la Justicia preguntó a los aspirantes al Congreso ¿está de acuerdo con modificar los alcances de la tutela para contener sus excesos?, Héctor Helí Rojas, candidato al Senado en la lista del Partido Liberal contestó que no. Al tiempo que Germán Navas Talero indicó que “la tutela en sí misma no ha tenido excesos; es el mecanismo que ha vivificado el espíritu del constituyente al haber acercado por primera vez en forma eficaz la justicia al ciudadano y es probable que se requieran algunos afinamientos”.

De otra parte, ante el interrogante ¿usted aprobará, en el desarrollo del marco jurídico para la paz, que los miembros de las Farc y eventualmente del Eln, no tengan que pagar cárcel y que la pena se sustituya con otras medidas?, el senador Barreras dijo que “fui el coautor de esa norma y su ponente único. Y ese tema ya está resuelto en el texto constitucional avalado por la Corte. Los máximos responsables de crímenes atroces tendrán que pagar pena y por lo tanto serán inelegibles, los demás pueden ser elegibles, pueden ser sujetos de justicia transicional y de penas alternativas no privativas de la libertad e inclusive pueden tener representación política, si sus delitos no atroces tienen conexidad con el delito político”.

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