Durante su posesión, en agosto del 2010, el presidente Juan Manuel Santos invitó a las altas cortes a “trabajar en completa armonía, buscando una justicia pronta y eficaz para todos los colombianos, y combatiendo la impunidad, que es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo”. Dos días más tarde, Santos se reunió con un grupo de magistrados de los tribunales más importantes del país y les reiteró su compromiso de buscar una administración de justicia más efectiva y cumplida.
De esta forma, el mandatario restableció las turbias relaciones que existían entre el Ejecutivo y el Judicial en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que, paradójicamente, terminaron en los estrados judiciales.
Sin duda, ese se convirtió en el primer logro de Santos en materia de justicia, al que luego se adicionarían otros durante su cuatrienio. No obstante, no todo fue “color de rosa” para el mandatario. Una fallida reforma a la justicia, un cese de actividades judicial, la congestión de los despachos y la crisis carcelaria fueron algunos de los lunares que marcaron estos cuatro años.
¿Qué balance se puede presentar de la gestión del primer mandato de Santos en materia de justicia?
Promesas y aciertos
Revivir el Ministerio de Justicia, incluir a la Fiscalía General de la Nación en la Rama Ejecutiva, crear una instancia para la investigación de los altos funcionarios del Estado, reformar el Consejo Superior de la Judicatura, modificar el esquema de nominación y elección de magistrados de las altas cortes, masificar la oralidad, sistematizar los procesos e implementar el arancel judicial para racionalizar el uso de la justicia fueron algunas de las promesas de la campaña presidencial.
Unas se concretaron, otras quedaron en el aire. De las primeras, y que sirvieron para mejorar la justicia, el exministro Juan Carlos Esguerra destaca el restablecimiento de la cartera de justicia, la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la expedición de un grupo de normas que modificaron el eje de muchos procesos judiciales, como los códigos General del Proceso, Penitenciario y Carcelario y de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional.
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