Juan Carlos Esguerra insistió a las Altas Cortes para que vuelvan a la discusión de la reforma.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

Luego de conocer la decisión del Consejo de Estado de mantenerse al margen del debate de la Reforma a la Justicia, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, lamentó esta postura y reiteró que al Gobierno le daría mucho gusto que regresaran a la discusión.

“Por el lado del Gobierno sigue habiendo la misma disposición de siempre, nos encanta que estas discusiones tengan lugar con la participación de todos los protagonistas, nos encantan los mecanismos democráticos. El hecho que estemos aquí sentados demuestra hasta donde nuestra voluntad de lo que ahora se llama socializar los proyectos, para oír las voces del todo el mundo y por supuesto en primerísimo lugar, las de las propias Cortes, de manera que nos encantará pensar en eso”, aseguró.

El ministro recordó que buena parte de la columna del proyecto de Reforma a la Justicia partió precisamente de la propuesta que presentó el Consejo de Estado y sostuvo que muchos de esos temas siguen presentes en el proyecto.

“No es cierto que no se hayan tenido en cuenta sus propuestas, lo digo con todo respeto. Desde cuando se iniciaron las discusiones en el Congreso de la República, el Consejo de Estado participó, con nosotros, porque yo estuve presente como ellos en los foros y en las audiencias públicas que tuvieron lugar en varios sitios fuera de Bogotá: en Medellín, en Tunja, más las que tuvieron lugar en el Congreso de la República”, aseguró.

El lunes, al considerar que no se le dieron todas las garantías de participación y que sus comentarios no fueron tenidos en cuenta, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, señaló que por unanimidad la Corporación confirmó su retiro en el debate del proyecto de reforma a la justicia que se adelanta en el Congreso de la República.

Según el magistrado, existe una gran “preocupación” frente al rumbo que ha tomado la reforma aclarando que se borran los límites de la división entre las tres ramas del poder público en Colombia delimitados en la Constitución de 1991, así como la repartición de justicia la cual caería en manos de “cualquier persona”.

“Se entra en una sustitución de la constitucional, la unidad de la rama judicial, afectando el sistema de pesos y contrapesos del poder y la delimitación de la Constitución en torno a la forma en cómo se diseño el Estado de Derecho en Colombia”, precisó el Gómez Aranguren.