Bajo ciertas condiciones los designados presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado regresarían al debate de la reforma a la justicia. ¿Cuáles son?
La designación de los presidentes de las Altas Cortes puso de nuevo sobre la mesa la necesidad de que en el debate de la reforma a la justicia participen los altos jueces, quienes se marginaron del proceso en el Congreso argumentando falta de garantías.
Esa posición de finales del 2011, que era considerada ‘inamovible’, se podría reevaluar pues, para los magistrados, la reforma a la justicia no puede quedar en manos de dos de los tres poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.
Recien posesionados, algunos de los presidentes en las salas de las Altas Cortes han dado a conocer lo que esperan del debate en el Congreso que se podría iniciar en marzo.
Gustavo Gómez, el nuevo presidente del Consejo de Estado, aseguró que la reforma a la justicia es un debate técnico, por lo que no puede quedar sustraída de la discusión de la justicia.
“En este momento estamos en esa encrucijada y vamos a ver en este año cuáles son las estrategias que el Consejo de Estado va a asumir frente a ese trámite parlamentario”, dijo Gómez. En el Alto Tribunal se espera que el tema se debata de nuevo en el pleno. “Esos aspectos son parte de las decisiones que toma la corporación como colegiatura”.
Por su parte, Javier Zapata, presidente de la Corte Suprema, le apunta a articular el debate argumentativo de los tres poderes. “Que no nos aterren los argumentos dialécticamente opuestos en la reforma”, aseveró. Él no descarta tener un acercamiento con el Gobierno para analizar el tema.
Por los lados sala penal de la Corte Suprema el nuevo presidente, José Leonidas Bustos, pone una condición para regresar al debate, y es que sea el propio presidente, Juan Manuel Santos, quien asuma la interlocución. “Creemos que no se debe cerrar la puerta para un franco diálogo”.
Otra de las condiciones es que se haga un diagnóstico de cómo marcha la justicia en el país, sobre todo la de los jueces que examinan y deciden sobre casos de los ciudadanos del común.
Reformular el acto legislativo es clave, pues para el magistrado podría haber ‘retaliación’ o una ‘revancha’ de parte de los congresistas por el juzgamiento en los casos de parapolítica.
Salvavidas
Tal vez la ponencia radicada el 12 de diciembre por el representante liberal Guillermo Rivera, que busca “mejorar” el texto de reforma a la justicia, haya contribuido a que los magistrados analicen un eventual cambio de posición.
Entre los aspectos a revisar están la elección del registrador nacional del Estado Civil, la del contralor general de la República y la del procurador general de la Nación. La idea de Rivera es que se mantenga vigente lo dispuesto por la Constitución de 1991. Es decir, que las Cortes mantengan su papel nominador en esos cargos.
Otra cuestión que no ajusta en las Altas Cortes es la posibilidad de que particulares tengan funciones jurisdiccionales. En la propuesta matizada de Rivera esto sólo se haría en casos especiales.
Así las cosas, habrá que esperar que arranque el debate en el Congreso para ver si los tres poderes públicos pueden sacar la reforma adelante, sobre todo cuando faltan cuatro debates, es decir, la mitad de la discusión en el Congreso.
