El Magistrado Lizcano Rivera señaló que la reforma que debe ser aprobada es aquella que garantice el acceso a la justicia de los ciudadanos; al tiempo que coincidió con los demás presidentes de las Cortes, en el sentido de que se necesita presupuesto para mejorar las condiciones de su prestación.

“Estos fines de la justicia no se van a lograr con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura o con su transformación en otro ente diferente al concebido en la Constitución de 1991, por el contrario, su eliminación resquebraja el Estado Social de Derecho”, precisó el funcionario del alto tribunal.