Los pronunciamientos del Presidente de la Corte Suprema de Justicia fueron hechos en el seno de la Comisión Primera del Senado de la República, donde se inició la discusión sobre los proyectos de reforma a la justicia, a la que fueron invitados los representantes de las Altas Cortes y los Ministros del Interior y de Justicia.
El doctor Tarquino Gallego, señaló que se debe respetar el espíritu del constituyente de 1991, que creó el Consejo Superior de la Judicatura como un organismo que representa la autonomía e independencia de la Rama Judicial.
“Consideramos en la Corte Suprema de Justicia, apartándonos un poco del Consejo de Estado, que los seis miembros de la Sala Administrativa sigan siendo abogados, que tengan la condición de Magistrados y por ende funcionarios con fuero, independientemente de que dentro de los requisitos estuviera alguna exigencia particular para que al menos la mitad tuviera conocimientos relacionados con aspectos de derecho comercial o contratación pública, pero fortaleciendo a la Sala Administrativa con la presencia de los Presidentes de las Altas Cortes”, afirmó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El Magistrado manifestó que frente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la Corte Suprema de Justicia considera que también se debe conservar, aunque manifiesta que debe ajustarse la manera de designación de sus integrantes.
Durante la sesión, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Magistrado Angelino Lizcano Rivera expuso que las modificaciones propuestas no contribuyen a resolver los problemas que afronta la Administración de Justicia, como tampoco da respuesta a las demandas ciudadanas que reclaman una justicia pronta, oportuna y eficaz.
El Magistrado Angelino Lizcano Rivera, señaló que la reforma que debe ser aprobada es aquella que garantice el acceso a la justicia de los ciudadanos; al tiempo que coincidió con los demás Presidentes de las Cortes, en el sentido de que se necesita presupuesto para mejorar las condiciones de su prestación.
“Estos fines de la justicia no se van a lograr con la eliminación el Consejo Superior de la Judicatura o con su transformación en otro ente diferente al concebido en la Constitución de 1991, por el contrario, su eliminación resquebraja el Estado Social de Derecho”, precisó el Magistrado Lizcano Rivera.
Por su parte, el Vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Magistrado Ricardo H. Monroy Church, destacó la importancia del modelo de gobierno autónomo de la Rama Judicial previsto en la Constitución Política de 1991, que concibió a la Sala Administrativa como un organismo jurídico-administrativo y técnico encargado de racionalizar y hacer más eficiente la organización de la Justicia.
Destacó el Vicepresidente que el Consejo Superior de la Judicatura es un cuerpo colegiado al margen de la estructura de los poderes ejecutivo y legislativo, que le otorga la autonomía e independencia suficiente, tanto interna como externa, para el cumplimiento de su misión de administración y gobierno del poder judicial.
Este esquema constitucional ha permitido que la Rama Judicial en los últimos veinte años, haya logrado notorios avances, no obstante las apropiaciones presupuestales han sido sistemáticamente deficientes frente a las necesidades reales del sector, la demanda de justicia se ha incrementado en un 208% desde 1993 al 2010 y el crecimiento del aparato de justicia ha sido tan sólo del 17%.
Así el sistema en el año 1993 recibió 748.000 procesos, evacuando tan sólo 566.000 procesos y para el año 2010 aunque la demanda se incrementó a 2.303.000 procesos, la capacidad de respuesta fue de 2.562.000 procesos, esto significa que con las medidas de apoyo adoptadas por la Sala Administrativa y el esfuerzo de los funcionarios judiciales se ha logrado impulsar la gestión, incrementándose la productividad en un 352% en este período, lo que significa que la Rama Judicial actualmente está evacuando mas procesos de los que ingresan anualmente avanzando en la descongestión, es decir, su productividad arroja un índice de evacuación parcial del 111%.
De otra parte, el Magistrado Ricardo H. Monroy Church destacó que en las mesas de trabajo de reforma a la Justicia previas a la presentación de los proyectos, el Consejo Superior de la Judicatura formuló dos propuestas que ahora reitera ante la Comisión Primera para fortalecer a la Rama Judicial, una de índole constitucional consistente en establecer gradualmente un porcentaje mínimo de participación en el Presupuesto General de la Nación, cuyos ejes fundamentales son:
• El fortalecimiento de la independencia y autonomía financiera de la Rama Judicial, que permita la planeación y la programación del gasto y de la gestión administrativa, mediante la previsión de recursos estables destinados a la Rama Judicial en la Ley Anual de Presupuesto y la previsión de metas de productividad y descongestión.
• La previsión garantizada de recursos propios para la Rama, incluyendo el arancel judicial.
• La gradualidad de la destinación de un porcentaje fijo anual en el Presupuesto General de la Nación,
• La intangibilidad de la apropiación presupuestal fija anual.
La segunda propuesta que se expuso en dicho foro y que se reiteró en el Senado de la República está dirigida a fortalecer la participación de los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado en las sesiones de la Sala Administrativa con miras a reforzar la coordinación en temas centrales como la formulación y seguimiento del Plan Sectorial de Desarrollo parala Rama Judicial y del proyecto anual de presupuesto, formación de los servidores judiciales, infraestructura física, tecnología, descongestión y programación de concursos para la carrera judicial.
El Magistrado Monroy Church, hizo un llamado al Congreso de la República a reflexionar sobre la importancia de la independencia de la Rama Judicial como pilar del Estado Social de Derecho
Los senadores de la Comisión Primera se mostraron partidarios de establecer unas mesas de trabajo, que se realizarán en todo el país, con la participación de todos los sectores políticos, económicos, sociales y académicos, para abordar el estudio sobre los cambios que se deben hacer en la Administración de Justicia. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura ofreció apoyar el proceso con la información técnica, estadística y de gestión judicial que se requiera en aras de enriquecer el debate
Origen de la noticia: BOGOTA-CUNDINAMARCA-Colombia,
Fecha de la noticia: 23-Agosto-2011
Fecha última actualización: 24-Agosto-2011
Fuente: SALA ADMINISTRATIVA
