Agregó que otorgarle funciones judiciales a los notarios y a los auxiliares jurídicos, en otras palabras es privatizar la justicia, “lo que desnaturaliza las competencias de las ramas del poder público”.
“Los notarios están bajo vigilancia del Ejecutivo con el control de la Superintendencia de Notariado y Registro, y por lo tanto es un tema que el Congreso debe reflexionar con muchísimo cuidado”, concluyó Mauricio Fajardo.
