Bogotá, 30 de septiembre de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por Asuntos Legales. El texto y la infografía fueron tomados de su página web.
Uno de los sectores que, de un momento a otro, se vio obligado a replantear su funcionamiento en medio de las medidas de aislamiento para contener la pandemia fue el de la justicia, que tradicionalmente había estado anclada a la presencialidad para la prestación del servicio.
Ante las dificultades que plantea ese panorama, y en medio de la cascada normativa que trajeron las dos declaratorias de Emergencia del presidente de la República, el Gobierno Nacional expidió el pasado 4 de junio el Decreto Legislativo 806 de 2020, “por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia”.
La semana pasada la Corte Constitucional, en el ejercicio de sus facultades de control automático de constitucionalidad sobre este tipo de decretos, determinó, con una votación de ocho a uno, que la norma se ajusta a la Constitución.
A la luz de lo anterior, entonces, vale la pena hacer un análisis sobre cómo ha sido la implementación de la justicia digital, no solo desde la expedición del mencionado de decreto, sino desde el inicio de la pandemia.
El presidente del Consejo de Estado, Álvaro Námen, señaló durante la instalación del XXVI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que la Corte que preside, entre el 17 de marzo y el 30 de agosto, profirió por medios digitales 8.263 providencias, entre sentencias, conceptos y autos, y que la productividad alcanzó 126%.
“Resalta el control automático de legalidad de los actos administrativos expedidos por autoridades nacionales. Se han conocido 1.562 controles, en tiempo récord 676 terminaron con auto y 97 con sentencia”, dijo. Agregó que los juzgados y tribunales de su jurisdicción han alcanzado una productividad de 98%, al evacuar 160.272 procesos.
Por su parte, la magistrada Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, dijo en el XLI Congreso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que desde el 16 de marzo se recibieron 157.903 tutelas y 108.462 procesos ordinarios. Además, destacó que durante la emergencia sanitaria se han tramitado 118.000 tutelas, 65.000 audiencias de control de garantías y 40.000 diligencias de los jueces de ejecución de penas, entre otras.
Durante el foro “Balance de la justicia en la pandemia”, de la Corporación Excelencia en la Justicia, recalcó que, entre marzo y agosto, se realizaron más de 100.000 audiencias virtuales y más de 200.000 reuniones por plataformas virtuales. También destacó el uso de herramientas digitales como la consulta de procesos en el sitio web de la Rama Judicial, con más de siete millones de visitas y más de 60.000 acciones constitucionales enviadas por el aplicativo virtual de recepción de tutelas y habeas corpus.
En el mismo evento el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, dijo que el alto tribunal que preside ha emitido durante la pandemia 571 providencias, en las que además del control de los decretos legislativos expedidos por presidente, se han tomado 297 decisiones en procesos de tutela, conflictos de competencia, conflictos de jurisdicción y objeciones gubernamentales. Además, señaló que el plan de modernización que emprendieron desde 2017 “permitió a los ciudadanos interactuar con la Corte sin salir de sus casas”, pues recibieron 201 demandas de inconstitucionalidad, 2.300 intervenciones ciudadanas sobre los decretos de la emergencia y cerca de 4.000 peticiones.
“No todo es perfecto en el trabajo virtual, que ha implicado un gran esfuerzo de la Judicatura, pero reconocemos el compromiso de los servidores judiciales y las ventajas de esta situación que fortalece la transparencia, la economía, la cultura organizacional y la eficiencia”, fue el balance general de la magistrada Remolina.
Lo que dicen los expertos
En ese análisis coincide Fabián Urriago, director del departamento de Gestión del Conocimiento de Gómez-Pinzón, quien señaló que a pesar de que la implementación de herramientas digitales se demoró, y todavía hay varias cosas por ajustar, vamos por buen camino en la digitalización de la justicia.
“Lo más positivo es que quienes administran la justicia quieren seguir avanzando así incluso terminada la pandemia, si se quieren digitalizar. Obviamente, nos falta organizarnos mucho en términos de herramientas, pero con el paso del tiempo se han venido ajustando fallas con base en la experiencia práctica”, dijo.
Sin embargo, advirtió también que para que avancemos en una verdadera transformación digital es necesario cambiar algunos procedimientos del pasado, para que efectivamente la administración de justicia funcione con la introducción de nuevas herramientas. “Tenemos que rediseñar todo el proceso pensando en involucrar la tecnología desde el principio”, agregó.
Un poco más crítico fue el balance de José Fernando Torres, director del capítulo Legal Tech del Centro de Estudios de Derecho Procesal (Cedep) y socio de Lexia Abogados, para quien todavía existen limitaciones “inconcebibles”, como que ciertos juzgados tengan correos electrónicos con una capacidad de almacenamiento limitada, y es difícil medir el impacto de lo hecho en materia de digitalización, en cuanto no había indicadores de éxito.
“Hay cifras sobre las audiencias y actuaciones realizadas, pero en realidad no había una meta. Desde el punto de vista de política pública no hay un análisis en el que se establezca que queremos pasar de un punto de partida a uno de llegada, y que seremos exitosos en ese punto si alcanzamos unos indicadores establecidos”, recalcó.
En todo caso, se han dado pasos importantes en la transformación digital de la justicia, y aunque hay mucho camino por recorrer, es notable la disposición que están poniendo todas las partes para avanzar en el proceso de cara al futuro.
Antecedentes
El presidente Námen también hizo una fuerte crítica al preguntar “cómo puede hablarse de autonomía judicial si nuestra participación en el Presupuesto General en los últimos tres años no supera siquiera 1,8%. De esos recursos, 91,2% corresponde a gastos de funcionamiento. ¿Es posible la modernización de la Rama Judicial si solo se tiene destinado a inversión un 8,8% del presupuesto?”.
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