Una de los temas objeto de análisis del estudio anual de opinión pública del Barómetro de las Américas – LAPOP- desarrollado en Colombia en el 2007, fue la subordinación de las acciones del gobierno al derecho consagrado. Con esto se quiere establecer la percepción de los ciudadanos sobre el sometimiento del Gobierno al Estado de Derecho, es decir, medir la tolerancia de las personas a que el Gobierno ignore los principios de respeto al marco jurídico, con el objetivo de cumplir sus fines.
Cuando se preguntó a los encuestados sobre la persecución a los delincuentes, un 38.7% respondió que están de acuerdo con que las autoridades violen la ley para perseguir a los criminales. Si se tiene en cuenta la cifra de 2006, 39.8% se puede concluir que la ciudadanía en los dos últimos años se ha vuelto más tolerante frente a este tipo de conductas.
El hecho de que una parte de la ciudadanía esté de acuerdo con que las autoridades quebranten las leyes preestablecidas con el fin de lograr un objetivo, como lo es aprehender criminales, genera un quiebre del Estado de Derecho que desdibuja el objetivo imparcial e universal de las reglas y normas sometiendo su aplicación a situaciones particulares.
