La Constitución de 1991 constituyó un avance en materia del acceso de la ciudadanía al sistema de justicia. Su artículo 229 estableció el mandato de garantizar dicho acceso, previsión que ha tenido incidencia sobre la introducción de nuevas instituciones judiciales en el aparato judicial colombiano. Como consecuencia de este cambio, a mediados de la década de los noventa surgieron las Casas de justicia, las cuales son concebidas como centros multiagenciales de información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal. Con ellas se pretende acercar la justicia al ciudadano orientándolo sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso de los servicios de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Los servicios que se prestan en las Casas de Justicia son gratuitos.
Ahora bien, en cuanto a su funcionamiento, se ha registrado un significativo incremento de estos espacios a lo largo de la década, pasando de ser 24 en el territorio nacional en 2002, a 66 para el año 2009. De la misma forma las solicitudes de servicios en las Casas de Justicia han tenido en el mismo período una variación, que ha pasado de las 396.802 solicitudes en 2002 a 1’308.035 en el último reporte. Esto quiere decir que la oferta de Casas se ha incrementado en un 275% en el período estudiado, mientras que la demanda se ha incrementado en un 330%. Pese a ello, cabe anotar que durante los últimos dos años se ha presentado un leve descenso en el número de solicitudes de servicios en estos centros, puesto que en el año 2007 se registraron 1’423.585, 115.550 más que las presentadas en 2009.
Al examinar el tipo de solicitudes que se hicieron en las Casas de Justicia para el último año, se encuentra que tan sólo cinco motivos de consulta concentran el 73% de la demanda. Es así como los conflictos familiares registrados ascienden a 396.776 solicitudes de servicio (correspondiente al 30.3% del total), la pérdida o ausencia de documentos 216.804 (16.6%), los problemas penales 126.062 (9.6%), solicitudes de información, permisos certificados y cartas 123.601 (9,4%) y la atención de los problemas civiles alcanzan el 7.3% que equivale a 95.333 casos. Con lo anterior se evidencia la participación del derecho de familia, administrativo, civil y penal como áreas de principal influencia.
En conclusión, se aprecia que las Casas de justicia han gozado de gran aceptación por parte de la ciudadanía, gracias al gran aporte que hacen en materia de acceso al aparato judicial. Esta experiencia constituye suficiente sustento para apoyar propuestas como las que actualmente hacen los candidatos presidenciales, en el sentido de ampliar la cobertura de estos centros. Sin embargo, no debe dejarse de lado el hecho de que en los últimos años se ha presentado una leve tendencia decreciente en el número de solicitudes hechas en las Casas de Justicia, lo cual lleva a que sea necesario elaborar adecuados análisis de demanda del servicio en las comunidades, antes de construir estos espacios. De lo contrario, la ampliación de estos espacios podría constituirse en una onerosa inversión cuyos resultados en materia de aprovechamiento por parte de la ciudadanía no serían los esperados.
