El servicio de justicia eficaz y eficiente no sólo es un derecho fundamental sino que el hecho de hacerlo efectivo para los ciudadanos garantiza el sustento del estado de derecho y coadyuva al equilibrio y desarrollo de las sociedades. Específicamente para la justicia civil, que según las transformaciones del reciente Código General del Proceso, conoce los asuntos que no están atribuidos expresamente por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria, la efectividad de la gestión judicial no sólo es determinante en términos de competitividad sino que su importancia recae en que concentra una tercera parte de la demanda de justicia en Colombia.
Si bien en la última década el país ha hecho un esfuerzo por avanzar en sus códigos procesales y aunque en los años más recientes, la Rama Judicial ha diseñado figuras como el desistimiento tácito para reactivar o solucionar los casos represados, los indicadores de gestión judicial aún reflejan la necesidad de identificar las áreas donde se debe mejorar el rendimiento y desarrollar métodos innovadores para reducir los inventarios.
Esta situación de la justicia, en especial de los procesos civiles, no es ajena a otros países y como se evidencia en la gráfica, el permanente monitoreo de la relación entre los casos que salen y los que ingresan es una forma de identificar síntomas de congestión. Esta medida, conocida en Colombia como índice de evacuación parcial, es calculada por la mayoría de las autoridades judiciales en el mundo y analizada por centros de pensamiento quienes coinciden en afirmar que un número muy superior al 100% por varios años consecutivos podría estar escondiendo un represamiento de casos importante.
Para el caso colombiano, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) viene realizando un monitoreo a las causas civiles en el que se ha evidenciado una disminución del 50% de los inventarios que en el 2002 superaban el millón de casos y el alto impacto de las medidas de terminación anticipada desde el 2009, cuando la tasa de egresos judiciales empezó a ser superior a la de los ingresos, dando como resultado un índice promedio de evacuación parcial de 120%. Sin embargo persisten críticas a la gestión debido principalmente a la calidad de las decisiones en los procesos de descongestión, así como los tiempos y costos procesales.
En cuanto a referentes internacionales, sin perjuicio de las diferencias en los ordenamientos jurídicos, el Centro Nacional de Cortes Estatales (NCSC por sus siglas en inglés) calcula el índice de evacuación parcial con regularidad en algunos estados como parte de un conjunto de 10 mediciones estándar conocidas como “CourTools” (www.courtools.org). Este proyecto que pretende medir el éxito de los despachos judiciales para hacerlos más transparentes y aportar cifras a las decisiones de gestión administrativa, ha arrojado algunos resultados para los estados de Utah y Nueva Jersey que pueden servir de ejemplo.
En Utah, desde el 2007, los asuntos civiles han mantenido un índice promedio de evacuación parcial de 102%. Se resalta como uno de sus mayores avances la captura automática de la información en un sistema que no sólo asegura la calidad de los datos sino que libera de carga administrativa a los funcionarios judiciales.
Por su parte, la Corte del estado de Nueva Jersey es conocida por ser uno de los tribunales más eficaces y con más experiencia en prácticas de descongestión especialmente en la justicia civil. Desde 1980, la Corte de Nueva Jersey se ha empeñado en reducir la congestión de casos, monitoreando entre otros indicadores los ingresos, egresos y los tiempos procesales. Entre sus resultados se puede resaltar la disminución de 30% de los inventarios de la jurisdicción civil que atravesó su peor situación en la década de los 90.
Como otros ejemplos, según la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, del año 2010 vale la pena resaltar el índice de evacuación parcial como reflejo de la desacumulación en casos civiles de primera instancia en Luxemburgo (138,5 %), Italia (118,1%), República Checa (103,3%) y Ucrania (103%).
Finalmente, recogiendo los hallazgos de los centros de pensamiento de temas de justicia anteriormente relacionados, se recomienda que la administración de las Ramas Judiciales de los países con o sin problemas de congestión, avance hacia la implementación de sistemas automáticos de recolección de información cuantitativa que sean consistentes, confiables, que no impliquen una carga adicional para los funcionarios y permitan hacer énfasis en la medición de los tiempos procesales pues si se logra extraer reportes sencillos pero permanentes de la situación judicial, se tomarán decisiones más efectivas para cada jurisdicción y paulatinamente se crea un efecto de mayor confianza en la justicia.
