Las Comisarías de Familia fueron consagradas normativamente en Colombia en 1989, como un importante elemento integrante de la oferta local de justicia para la atención de conflictos de familia. Su propósito fue el establecimiento de instituciones encabezadas por un abogado, con equipos interdisciplinarios en los municipios, que brindaran una atención efectiva en atención a la naturaleza de los conflictos intrafamiliares. Sin embargo, tras la expedición de la Constitución de 1991 y con la aprobación de algunas leyes que incorporan disposiciones relacionadas con los conflictos de familia (tales como el Código de Infancia y Adolescencia –ley 1098–, y la ley de protección a la mujer –ley 1257–), el margen de competencia de las Comisarías de Familia se ha ampliado, por lo que cada vez son más altas las expectativas alrededor de su funcionamiento dentro de los sistemas locales de justicia. Con el propósito de evaluar la gestión de estas autoridades, recientemente la Procuraduría General de la Nación publicó su informe “Comisarías de Familia: Línea de Base Nacional”, mediante el cual se busca generar reflexiones acerca de su implementación y funcionamiento.
Uno de los hallazgos más interesantes del estudio, corresponde a la distribución de Comisarías de Familia en el país. Para 2011, Colombia contaba con 1.217 Comisarías, de las cuales 125 (10,2% del total) se encontraban en las capitales de los departamentos y 1.092 (89,8% del total) estaban ubicadas en los demás municipios. Si bien esto responde al énfasis en los sistemas de justicia a nivel municipal, que se buscaba dar a estas autoridades; la distribución departamental tiende a concentrarse en la región central del país, contrastando con los bajos niveles de comisarías ubicadas en la periferia. Los departamentos con más comisarías son: Antioquia (152 comisarías), Boyacá (127), Cundinamarca (123 sin incluir a Bogotá, que cuenta con 32 comisarías), Santander (90), Nariño (64) y Valle del Cauca (53). En contraste, los departamentos que menos comisarías tienen son: Guainía (1 comisaría), San Andrés (2), Amazonas (2), Vaupés (3), Vichada (4) y Guaviare (4).
En cuanto a los equipos interdisciplinarios de las Comisarías, el estudio de la Procuraduría muestra que un 29% cuenta tan solo con un profesional, 26% con dos profesionales, 23% con tres profesionales y solo 3% con cuatro profesionales; mientras que un preocupante 19% de las comisarías no reporta tener profesionales de otras disciplinas distintas al derecho. Ahora bien, la mayoría de profesionales con los que cuentan estas autoridades son sicólogos (797 en todo el país), seguidos por secretarios (645), trabajadores sociales (456) y médicos (106), para un total de 2004 funcionarios de otras disciplinas.
Teniendo un panorama sobre la oferta de comisarías y su conformación, vale la pena contrastar estos datos con la carga de casos anuales que estas reciben, tomando como referente la conflictividad más representativa que llega a estas instituciones: la violencia intrafamiliar, en torno a la cual se registraron 108.522 actuaciones en las comisarías para 2010. Al examinar la carga promedio por comisaría por departamento, se encuentra que Bogotá concentra la mayor cantidad de actuaciones por violencia intrafamiliar (605 casos por comisaría), seguida por el Valle del Cauca (357 casos), Guajira (164 casos), Atlántico (161 casos), Norte de Santander (108 casos) Risaralda (106 casos) y Amazonas (102 casos).
Esta información evidencia que en los departamentos periféricos, donde se ubican pocas comisarías de familia, existe una alta demanda de servicios prestados por éstas. Si bien vale la pena aclarar que de acuerdo con la ley de Infancia y Adolescencia cada municipio debe contar con al menos una comisaría de familia –lo cual explica que aquellos departamentos con más municipios, naturalmente, son los que tienen más comisarías–, existen dos grandes problemas en materia de acceso a la justicia con estas autoridades: en primer lugar, en aquellos departamentos que cuentan con pocos municipios, estos tienen mayor extensión territorial y solo cuentan con una comisaría ubicada en sus cabeceras municipales, factor que propicia barreras geográficas de acceso a la justicia. En segundo lugar, las deficiencias de personal interdisciplinario contrastan con el creciente número de casos (por ejemplo, en materia de violencia intrafamiliar) que llegan a las comisarías, de manera que no existe garantía de la prestación de servicios efectivos e integrales para la solución de la conflictividad familiar. Se debe trabajar en estos frentes, no solo contemplando la posibilidad de ampliar el volumen de comisarías de familia en algunos municipios y departamentos, sino también pensando en medidas que acerquen estas autoridades con la comunidad –como la realización de jornadas itinerantes de atención en corregimientos– y, naturalmente, la ampliación de su planta con miras a hacer efectiva su interdisciplinariedad.
Fecha: Septiembre 4 de 2012
