La primera, es el grado de desprotección jurídica en la que se encuentran los hogares de escasos recursos de estas dos ciudades. A su vulnerabilidad por razones económicas, se suma la vulnerabilidad por falta de acceso a la justicia, el cual, si bien existe en las normas, incluso como una opción gratuita, en la práctica, el ciudadano encuentra muchas barreras de tipo económico, cultural e institucional para materializar dicho acceso. Aquí se comprueba la hipótesis de otros estudios de Chile o Argentina, sobre que los pobres se encuentran en una situación de marginalidad jurídica objetiva. Las principales barreras son el costo de los abogados, el costo de oportunidad de acudir a la justicia, con el grado de incertidumbre que supone un resultado en varios años y la poca credibilidad que se tiene en la imparcialidad, efectividad y honestidad de los jueces. Una primera lección indica que debe haber un esfuerzo – de política pública y de reforma normativa – para remover estas barreras de acceso.
Una segunda lección, nos muestra que los hogares de escasos recursos buscan defender sus derechos y resolver sus conflictos en instancias distintas del aparato judicial, tales como Inspecciones de Trabajo, Comisarías de Familia, Defensorías de Familia, Personerías, toda una oferta institucional que podemos llamar de justicia administrativa, y que escapa al ámbito del Consejo Superior de la Judicatura y se ubica en el nivel de competencia de los gobiernos municipales y del gobierno nacional.
De otra parte, se pudo determinar que la variable más significativa para que una persona de escasos recursos acuda al sistema de justicia es el grado de conocimiento que tiene de sus derechos y de los mecanismos y las autoridades que operarían en su protección, aún en una situación de desconfianza, lo que supone un esfuerzo en educación legal al ciudadano y la creación de instancias de asesoramiento jurídico gratuito, tanto institucionales como no gubernamentales. Se destaca la percepción negativa que existe acerca de los abogados y de su compromiso con los conflictos sociales de los pobres. Son percibidos como uno de los obstáculos más serios para acceder al sistema de justicia, un tema sobre el cual los colegios de abogados y las universidades deberían reflexionar.
Finalmente, se advierte que hay esferas como la de los derechos del consumidor, usuarios del sistema de salud y de las empresas de servicios públicos, donde no existen mecanismos judiciales efectivos para hacer valer los derechos de los ciudadanos, una deficiencia estructural que incluso contradice el deber de los estados que hacen parte de la Convención Americana de Derechos Humanos de proveer mecanismos efectivos e idóneos para la protección de los derechos de sus ciudadanos.
La justicia judicial formal no mira a los pobres, y la manera como opera, está reproduciendo los patrones de desigualdad de esta sociedad.
*Directora Ejecutiva Corporación Excelencia en la Justicia
