Hay gran expectativa respecto a los resultados de la Sala Plena en su primera reunión del año. / Crédito: Tomada del diario El Tiempo.

Bogotá, 23 de enero de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Tiempo. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.

Luego de varios meses de elecciones fallidas de sus magistrados, la Corte Suprema de Justicia está este jueves en un punto definitivo. Si no logra llenar al menos una de las siete vacantes que hay en el tribunal, estaría frente al escenario de no tener suficientes togados para tomar decisiones en sala plena tan importantes como elegir a sus pares y escoger al próximo fiscal general de la Nación.

Por ello hay gran expectativa respecto a los resultados de la Sala Plena en su primera reunión del año, que se iniciará este jueves a las 8 a. m. con tres puntos en el orden del día: la elección de presidente y vicepresidente de la Corte, la votación para llenar las siete vacantes de la Corte y la elección del fiscal general, de la terna enviada por el presidente Iván Duque y conformada por Clara María González, secretaria jurídica de Presidencia; Camilo Gómez Alzate, actual director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa.

La ley establece que la Sala Plena de la Corte Suprema tiene 23 magistrados, de los cuales hoy solo hay 16, y según el reglamento de la misma Corte, para tomar decisiones se requiere la votación de las dos terceras partes de su total de magistrados, es decir, 16 votos.

Por esto, cualquier decisión que se tome hoy en la Sala Plena debe ser unánime, lo que pareciera difícil si se tiene en cuenta el tiempo que llevan sin ponerse de acuerdo para elegir a sus propios compañeros en la Corte. Y el panorama se puede complicar, ya que el próximo 27 de febrero el magistrado Ariel Salazar, de la Sala Civil, termina su periodo, lo cual significa que el alto tribunal se quedaría sin el mínimo necesario de votos, y ello abre una puerta a una parálisis para tomar importantes decisiones.

Precisamente, esta semana Salazar dirigió a sus compañeros una carta en la que se muestra el difícil panorama en la corporación. En su misiva, el magistrado negó señalamientos de que haya querido entorpecer procesos, y dijo que varias veces ha votado en blanco para elegir magistrados porque los candidatos eran recomendados por personas “que una vez elegidas en la corporación se dedican a hacer turismo judicial y uso indebido de las facultades electorales de la Corte”.

Solo en una ocasión en la historia reciente del país la Corte Suprema se ha quedado sin quorum: el 6 de noviembre de 1985, cuando en medio de la toma del Palacio de Justicia fallecieron la mayoría de los magistrados del tribunal.

En ese momento se aprovechó que se había decretado el estado de sitio para que el presidente Belisario Betancur pudiera modificar provisionalmente, mediante el Decreto 3272 de 1985, el reglamento de la Corte y que las decisiones pudieran tomarse con las dos terceras partes de los magistrados que quedaban.

Las posibles salidas

Al margen de las diferencias internas, expertos coinciden en que se debe evitar que la Corte pierda su quorum decisorio.

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, dijo que es impensable que ahora “los mismos magistrados postren a la Corte a una situación similar a la que ocurrió con la toma del Palacio de Justicia”, e hizo un llamado a que con la mayor brevedad se logren estas elecciones, así como la del fiscal en propiedad, un cargo que, dijo, es de la mayor importancia en un país con altas tasas de impunidad. Agregó que un escenario en el que el Ejecutivo deba modificar las reglas de la Corte es indeseable, pues podría leerse como una indebida intromisión del Gobierno en la justicia.

En eso coincide César Valderrama, director de investigaciones sobre sistema judicial de Dejusticia, quien agregó que se han analizado otras salidas como nombrar a magistrados en encargo mientras se elige en propiedad a los magistrados que faltan.

De hecho, afirmó que esto podrían hacerlo nombrando en encargo a alguno de los magistrados de la Sala de Instrucción, creada en 2018 y que por ley no hace parte de la Sala Plena, para que temporalmente pase a completar el quorum.

Otra salida, dijo Valderrama, es que los magistrados cambien el reglamento de la Corte de modo que la mayoría se tome no sobre el total de magistrados de la Sala Plena, sino sobre los que hay en el momento.

Algo parecido ya se intentó en 2010, cuando tras 16 meses de bloqueo para elegir fiscal general, la Corte, que tenía 18 magistrados pero en ninguna votación se conseguían los 16 votos mínimos, interpretó su reglamento de modo que no se requerían las dos terceras partes de toda la Sala Plena sino de los magistrados que había en ese momento. Así,  Vivian Morales logró ser elegida con 14 votos como fiscal general, pero su elección fue anulada en 2012 por el Consejo de Estado, que aclaró que la interpretación que hizo la Corte Suprema de su reglamento no fue correcta.

De todas formas cualquiera de esas dos opciones -nombrar magistrados encargados o cambiar el reglamento- tendría que contar con el voto unánime de los 16 magistrados que están hoy en ejercicio.

Según fuentes cercanas a la Corte, incluso se podría citar de nuevo a Sala Plena para este viernes, a fin de avanzar en las elecciones previstas para hoy y evitar un escenario adverso para el alto tribunal.

Otras cosas que están en juego

El bloqueo en la elección de magistrados no solo frena la Sala Plena y la elección del fiscal. También tiene efectos en los ciudadanos, como lo explicó el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, Julio Sampedro, porque tener siete magistrados menos significa una gran cantidad de procesos quietos.

“El problema grande son los procesos judiciales que implican decisiones que los ciudadanos están esperando y no se pueden tomar porque no hay magistrados”, dijo.

En el mismo sentido se expresó Luquegi Gil, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, quien dijo que el hecho de no estar completa retrasa las decisiones que la Corte Suprema, como máximo órgano de cierre de la justicia ordinaria, debe tomar. Como ejemplo de la magnitud de procesos que cursan en ese alto tribunal se tiene que tan solo el año pasado la Corte Suprema resolvió 32.308 casos de todo tipo entre procesos de casación, casos de única instancia y tutelas.

Consulte el artículo en el siguiente enlace: https://bit.ly/37nqqTI