La CEJ rechaza el anuncio de iniciar un paro judicial como reacción a la omisión del Gobierno Nacional de asignar los recursos faltantes para la continuidad de las medidas de descongestión. El paro es una medida extrema que solo traerá consecuencias negativas para el acceso y la confianza de los ciudadanos en la justicia.
Si bien estos recursos son una necesidad para no afectar la continuidad del servicio en el corto plazo, es necesario poner fin a los recurrentes planes de descongestión que solo han servido para aplazar la solución definitiva del problema y para afectar la eficiencia y calidad de la justicia.
Por esto, se hace un llamado a la Rama Judicial para que cuanto antes haga los estudios sobre las necesidades presupuestales para el adecuado funcionamiento del sistema y al Gobierno Nacional para que garantice su oportuna asignación.
