Bogotá, 30 de enero de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Colombiano. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.
Ocho meses y 15 días, largas discusiones entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 17 salas plenas de esta corporación. Ese fue el trámite para que Colombia volviera a tener un fiscal general en propiedad, después de la renuncia de Néstor Humberto Martínez.
Se trata de Francisco Barbosa, quien resultó ser el elegido por el Alto Tribunal, de la terna presentada por el presidente Iván Duque en diciembre, que incluía a Camilo Gómez, actual director de la Agencia Jurídica del Estado, y a Clara María González, exsecretaria Jurídica de la Presidencia. Con una particularidad: el elegido es el actual consejero presidencial para los Derechos Humanos y amigo cercano del presidente.
Horas después de conocerse su elección y luego de reunirse con los magistrados, Barbosa se pronunció: “me honra profundamente la decisión de la honorable Corte Suprema de Justicia al elegirme como Fiscal General de la Nación. Agradezco a esa corporación su voto de confianza. Acepto este reto con absoluta humildad y con la convicción firme de continuar sirviendo a los colombianos”.
El nuevo fiscal resultó elegido en un ambiente complejo dentro del Alto Tribunal. Desde enero del año pasado, los magistrados han intentado llenar siete vacantes, por lo que se dificultó la elección. Por ejemplo, la demora para elegir a Barbosa radicó en que era necesario que todos los magistrados votaran por el mismo nombre, algo que apenas ocurrió ayer.
En contexto, hay que saber que la votación se hizo en una carrera contrarreloj, azuzada no solo por la atención de la opinión pública a la espera de conocer quién dirigiría a la Fiscalía, sino también porque el próximo 27 de febrero saldrá el magistrado Ariel Salazar y se desajustará el quorum de la Sala Plena. En ese sentido, la elección de Barbosa significa, entonces, un respiro para la Corte Suprema.
El nuevo fiscal llega con un amplio recorrido en el mundo del derecho y la academia, pero sin mayor experiencia penal. Una característica tan criticada como resaltada por analistas, consultados por este medio, que argumentan que para dirigir la Fiscalía se necesita mayor capacidad de gestión que conocimiento penal.
Penalista no, académico
Desde San José del Guaviare, donde se enteró de la elección de Barbosa al frente de la Fiscalía, el presidente Duque celebró la decisión:
“Esperamos de él su compromiso con Colombia y el combate firme e irrestricto para cualquier forma de criminalidad. Teníamos una terna extraordinaria y se ha hecho una buena escogencia. Esperamos que el doctor Barbosa cumpla con lujo de detalles esa gran función”, dijo el mandatario.
Duque, de esta manera, también dejó entrever cuáles son las prioridades del gobierno en materia judicial. Retos que Barbosa enfrentará desde un recorrido que ha sido muy cercano a la academia.
El nuevo fiscal, de 45 años, se graduó hace veinte años de la carrera de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, donde compartió clases con Duque. En su haber académico cuenta, además, con una especialización en Relaciones Internacionales y otra en Regulación y gestión de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías, dos maestrías (una en Historia y otra en Derecho Público) y remata con un doctorado en Derecho Público, este último de la Universidad de Nantes en Francia.
Desde que se graduó como abogado ha sido asesor de la Personería de Bogotá, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y de varios ministerios, como el de Transporte y Hacienda. Pero, de su hoja de vida, lo único relacionado con el mundo del derecho penal fue entre 2003 y 2004 cuando se desempeñó como fiscal especializado de Derechos Humanos.
Desde que se conoció la terna fue este tema el que captó la atención de la candidatura de Barbosa. Es el caso de Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, quien señaló a EL COLOMBIANO que “no tiene el mayor conocimiento sobre temas de política criminal, eso y su desconocimiento del derecho penal resultan problemáticos”.
Sin embargo, no es un punto compartido por otros. Para Hernando Herrera, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia (donde Barbosa fue asesor externo), en la cabeza de la Fiscalía más que un experto en derecho penal, se requiere alguien con capacidad de gestión de la entidad judicial más importante de Colombia.
“Que el Fiscal General, cualquiera que sea, tenga o no experticia en el tema penal es un insumo adicional. Pero al final lo que se requiere es un gran gerente del sistema penal acusatorio. Y sobre eso, tener esa especialidad no da mayores insumos. Se necesita asegurar altos niveles de gestión”.
Conocido no, amigo
Las personas que ahora ocupan dos de los cargos con mayor poder de Colombia –Duque y Barbosa– departían juntos en reuniones de amigos universitarios en la década de los 90.
Uno de sus amigos más cercanos de la época, quien prefiere mantener en reserva su nombre, contó a EL COLOMBIANO que Duque solía ir con otros amigos a la casa de Barbosa, quien fue el primero del grupo en independizarse. “En esas tertulias, mientras Francisco recitaba poesía, Iván tocaba la guitarra”, comenta.
En una columna publicada en el diario El Tiempo en 2016 tras la muerte de Iván Duque Escobar, papá del presidente, Barbosa dijo: “Su amistad me acompañó durante 21 años, cuando su hijo –y mi amigo– Iván Duque Márquez surcábamos la casa atiborrada de libros (…) En un pequeño refugio de esa babel de textos pasábamos las tardes”.
De esas jornadas de estudio surgió un proyecto que los llevó a viajar juntos a Estados Unidos, cuando hicieron dupla en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos, realizado por American University, en el que prepararon la simulación de un procedimiento ante la Corteidh.
Siguieron viéndose después de graduarse, cuando Barbosa visitaba a su amigo, que trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo entre 2001 y 2013.
Cuando Duque regresó al país en 2014, ya no eran los jóvenes liberales de la universidad: Duque volvió como congresista del Centro Democrático, crítico de la negociación de paz con las Farc, mientras que Barbosa era un académico afín al proceso.
Entonces, cuenta la fuente, conservaron una amistad alimentada por comentarios mordaces. Barbosa le reprochaba a Duque; y este respondía con cuestionamientos al diálogo con las Farc, en los que Barbosa participó aportando ideas al punto de justicia.
Los desacuerdos desaparecieron, sin embargo, en diciembre de 2017, cuando Duque fue elegido precandidato presidencial. “Francisco lo siguió en los municipios para hacer campaña con él”, dice la fuente. Mientras tomaban café, por esos días, el académico tuvo que defenderse de las pullas de sus conocidos. Les repitió, con énfasis, que lo que menos quería era un cargo.
Pero el puesto llegó. Duque lo nombró como consejero para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales; contó con él para que fuera el vocero del gobierno para explicar las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, y, en diciembre, cuando escogió los tres nombres para proponer a la Corte, apostó por un viejo conocido.
Consejero no, Fiscal
Los analistas consultados por este medio coincidieron en cuáles son los retos que tendrá el nuevo fiscal. El principal: la necesidad de formular una política criminal, frenada durante la interinidad de Fabio Espitia. “Encontrará una entidad sin un horizonte, sin una política criminal definida, y con la expectativa de los funcionarios y de la ciudadanía sobre hacia dónde va a apuntar”, afirmó Hernando Herrera.
Otro punto al que tendrá que prestarle atención es a los ataques y asesinatos de líderes sociales en el país desde la firma del acuerdo de paz con las Farc. Más, porque Barbosa es recordado por los cuestionamientos que hubo sobre su afirmación, en junio de 2019, de que hubo una reducción de los asesinatos de líderes sociales, después de que comparara las cifras de distintas organizaciones.
Esta comparación, hecha ya como funcionario, muestran su cercanía con el gobierno de Duque y también con las críticas que se le han hecho al Acuerdo de paz. Un proceso que quiso acompañar, al presentarse para ser magistrado de la JEP, cargo para el que no fue
También se encontrará con el desafío de una entidad que se ha visto desacreditada ante la opinión pública, que espera más resultados. Para José Miguel Rueda, profesor de la Universidad de La Sabana, está pendiente una “mejora en los procesos de investigación e imputación. La Fiscalía debe mejorar como institución y recuperar la confianza de la ciudadanía, siendo una institución accesible y vista como amiga, cercana y eficiente”.
Pero Kenneth Burbano ve con bastante escepticismo esta cercanía al considerar que “será una Fiscalía poco creíble y él un fiscal sin independencia y comprometido con el gobierno”.
El principal reto quizá será probar su independencia, al igual que como le ha tocado a otros fiscales, como fue el caso de Néstor Humberto Martínez que fue cuestionado por las asesorías al Grupo Aval que figuraban en su hoja de vida, antes de ser fiscal, para los contratos de este aglomerado bancario colombiano con la constructora Odebrecht.
Así, Francisco Barbosa llegará en las próximas semanas a la dirección de la Fiscalía, no solo con los retos naturales que trae consigo una entidad del tamaño del ente investigador, sino con el desafío de demostrar su independencia.
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