Bogotá, 18 de diciembre de 2019. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Espectador. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.
Las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Álvaro García, fueron contundentes: hay un grupo de magistrados que está bloqueando la elección, por intereses particulares, de siete vacantes que hay pendientes en ese alto tribunal. Así lo dijo a medios radiales el pasado martes, cuando le preguntaron por la falta de acuerdos en el interior de esa corporación, necesarios para elegir las plazas que hacen falta y a la persona que reemplace a Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía General. No es una afirmación ligera. Al contrario, es un síntoma del malestar que hay en el máximo tribunal de la justicia ordinaria.
“Esas minorías, que no alcanzan a tener fuerza para la elección, la tienen para bloquear. Es una dictadura de las minorías”, dijo García a Blu Radio. Incluso llegó a hablar de “extorsión” de manera metafórica, luego de que la elección del próximo fiscal quedara para 2020 porque en la sala del pasado lunes ninguno de los candidatos alcanzó los 16 votos necesarios, de 16 posibles en este momento, ya que el alto tribunal está con el quórum para votar. Francisco Barbosa, alto consejero para los derechos humanos, alcanzó a tener 11 votos, mientras Clara María González, secretaria jurídica de la Presidencia, no superó los cinco, y Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, aún no suena.
La sala tiene que elegir tres vacantes para la Sala Penal, tres para la Sala Laboral y una para la Sala Civil, además de la cabeza de la Fiscalía. De acuerdo con García, ese bloque pequeño ya habló de “empaquetar” estas elecciones a las de presidente y vicepresidente el año que viene —una propuesta similar surgió este año para “empaquetar” la elección del registrador nacional— y no parece tarea fácil. Tradicionalmente, para las elecciones de vacantes, cada sala llevaba sus propios candidatos y había un acuerdo tácito para que las otras salas aprobaran esos nombres. El lío es que ese pacto dejó de cumplirse y un grupo de magistrados está votando en blanco.
Se suma que, también por ese acuerdo tácito, la presidencia de 2020 le correspondería al actual vicepresidente, Jorge Luis Quiroz Alemán, de la Sala Laboral. En los últimos años, la Corte se ha demorado varios meses en elegir presidente, a pesar de que se sabe de antemano quién es, bloqueando la elección, pensando en acordar el nombre de quien ocupará la vicepresidencia. En medio de este enredado panorama, ha surgido una propuesta de un grupo de cuatro magistrados que quieren destrabar lo que está pasando: levantar el secreto del voto y hacer públicas las votaciones, pero la propuesta no es fácil ni tiene mayorías, aunque sí el apoyo de la presidencia, según dijo el magistrado García.
De acuerdo con el reglamento, las votaciones para elecciones son secretas, pero no para temas administrativos. De esta forma se pudo reformar en 2017 el reglamento para separar de sus funciones a magistrados investigados, reforma que se hizo cuando el escándalo de corrupción del cartel de la toga tocó a un magistrado activo: Gustavo Malo —hoy en juicio—. Esa propuesta se votó públicamente y así se aplicó por primera vez. Pero la intención de reformar el reglamento para que las elecciones sean públicas ya ha fallado en el pasado. De hecho, es uno de los temas que se quieren tocar apenas la sala tenga de nuevo sus 23 integrantes, para fijar que el quórum sea las 2/3 partes de quienes están en la sala y no de quienes la integren.
Este diario supo que la propuesta se puso sobre la mesa, no una sino varias veces, y que incluso tuvo que dejar de discutirse por el malestar que generó en algunos , y que incluso tuvo que dejar de discutirse por el malestar que causó a alguno de los magistrados. La esencia de la iniciativa es simple y basada en un pronunciamiento de la Corte Constitucional: que el secreto del voto es un derecho, una garantía de la Constitución, pero no una obligación. Y, por tanto, se puede renunciar a ese derecho si así se dice enfática y libremente. No obstante, la regla general es que el voto es secreto, como fundamento para escoger sin presión al candidato de su preferencia. Por esa razón, no puede ser impuesto.
Quienes defienden el voto secreto en la Corte han ratificado precisamente la concepción filosófica de llevar a cabo sus elecciones sin presiones de por medio. Un expresidente del alto tribunal consultado por este diario afirmó que se trataría de una “reforma que tiende a coartar a quien vota en blanco y ello es un derecho que tiene el magistrado cuando ninguno de los candidatos lo convence”. En la otra orilla están quienes creen que, si “la gente vota dando la cara”, se destraba las votaciones, porque así se podría ver qué integrantes y de qué sala no están cumpliendo el acuerdo de votar por los candidatos a magistrado que se han propuesto.
“Ahí está el producto de haber ingresado tanta gente que está pensando en intereses particulares electorales y no en la institución ni el país. El problema es de hombres. Terrible, pero es así”, dijo a este diario otro exmagistrado del alto tribunal. “Los que están a favor de que se vote y que se elija no van a tener ningún inconveniente en que se haga público el voto, pero los que están bloqueando se van a oponer. Hay que intentarlo, pero va a fracasar”, dijo la fuente. Otro expresidente de la Corte Suprema agregó: “Los votos secretos están llamados a recoger, la democracia es transparencia, en este momento histórico no veo por qué tienen que esconderlo”.
Entretanto, el presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, presentó un recurso para que, en esta situación específica, los magistrados no apliquen el artículo del reglamento que establece el voto secreto, argumentando que al hacer elecciones la Corte Suprema no está ejerciendo funciones judiciales sino administrativas. Para Herrera, esto debe hacerse solo para esta elección y no a futuro: “Si existe el voto secreto es precisamente para evitar la presión sobre los magistrados, por eso nosotros estamos diciendo que esa liberación de ese voto secreto debe ser única y exclusivamente para esta coyuntura. De ahí en adelante se debe privilegiar el voto secreto como garantía de independencia”.
Ese recurso está en manos del Consejo de Estado, que podría ordenar a la Corte hacer las elecciones en un tiempo perentorio. No obstante, expertos le dijeron a este diario que la petición no tendría sustento teniendo en cuenta, precisamente, que los magistrados tienen derecho al voto secreto. “No pueden obligar a que el voto sea público y menos aplicando la excepción de inconstitucionalidad”, dijo un reconocido jurista. Y un expresidente de la Corte apuntó que cambiar el voto secreto no remedia las diferencias internas ni los supuestos intereses que un grupo de magistrados estaría priorizando al bloquear elecciones.
“Es imposible obligarlos. Es una decisión plural, depende de 16 personas, no de una, y los pueden llegar a investigar disciplinariamente, pero eso no garantiza que voten”, dijo. El asunto es complejo y el reloj corre: el 27 de febrero de 2020 termina su periodo el magistrado Ariel Salazar y la Corte perdería su quórum, una situación que no tiene precedentes bajo hechos ordinarios sino solo ante la tragedia del Holocausto del Palacio de Justicia. “Tiene que haber cordura, hay que cuidar la Corte”, puntualizó García. Entretanto, la silla del fiscal general sigue vacía.
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