Los afectados por crímenes cometidos por servidores y ex servidores de cualquiera de las ramas del poder público y de los órganos de control, que sean demostrados mediante una sentencia judicial, podrán acceder a la reparación.
La decisión garantizará a estas víctimas el acceso a la reparación integral, con restitución, indemnización, garantías de no repetición, preservación de la memoria histórica y garantías en el proceso penal, entre otras medidas.
“La persona que se diga víctima de un agente del Estado debe pedir reparación por vía administrativa con base en una sentencia judicial en firme o un acto que tenga los mismos efectos, como una conciliación debidamente practicada y en firme”, señaló el Viceministro.
En este sentido, según Catalina Díaz, coordinadora de reparación del Centro Internacional para la Justicia Transicional, no hay una variación significativa, porque aunque ahora se les vincule a la Ley, sigue habiendo inequidad entre las víctimas de los grupos armados ilegales y las de agentes del Estado, porque para lograr la reparación administrativa éstas últimas necesitan una sentencia judicial.
El Colombiano / 14 de mayo de 2009
