La comunicación contendría tres solicitudes básicas: la primera de ellas, que el Gobierno defina claramente la naturaleza jurídica del proyecto de ley sobre la extradición. Si es un mero procedimiento, quiere decir que sería retroactiva; si es un derecho fundamental, no puede ser retroactiva , dijo Elejalde.
La segunda inquietud es para que el Ejecutivo defina de una vez por todas cuál es su posición frente al tema de la retroactividad, pues varios parlamentarios consideran que frente a este tema el Gobierno dice una cosa en público y otra en privado , anotó Elejalde.
Finalmente, y ante las críticas que ha desatado en diferentes sectores de opinión la decisión adoptada recientemente por la Comisión Primera de la Cámara, en el sentido de aprobar la extradición con el condicionamiento de la no retroactividad, se le pedirá al Presidente que diga si lo aprobado hasta el momento es bueno o no.
Si para el Gobierno no es bueno lo que hay hasta ahora, pues que nos lo haga saber para tomar una decisión en el último debate en la plenaria , agregó Elejalde.
Aunque la propuesta de la carta ha sido avalada por algunos parlamentarios, otros la han rechazado porque consideran que es el Congreso quien debe tomar las decisiones según su propio criterio y no según los criterios del Ejecutivo.
Son tres temas que dan claridad a un debate de trascendencia nacional; debe haber transparencia para quienes tenemos la decisión de aprobar el proyecto y para que la opinión pública esté tranquila , dijo el representante Luis Fernando Duque.
De otra parte, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) expresó su apoyo a la solicitud hecha por distintos sectores de la sociedad para que la plenaria de la Cámara apruebe un proyecto de extradición sin condicionamientos y permita que sea una ley estatutaria la que reglamente, posteriormente, la materia.
Así lo expresó su Director Ejecutivo, Alfredo Fuentes Hernández, en una carta enviada al presidente del Senado, Amylkar Acosta.
La aplicación sin restricciones de la extradición fortalece la política criminal colombiana , dice Fuentes en su comunicación.
El Tiempo / 19 de noviembre de 1997
