La suspensión fue una decisión del Consejo de Estado al revisar una demanda interpuesta por Camilo Araque Blanco, quien pidió la nulidad de la elección porque en la terna que acaba de elegir al Defensor del Pueblo no cumplía con la ley de cuotas.
Vólmar fue reelegido el 19 de agosto pasado por la Cámara de Representantes, de una terna elaborada por el presidente Álvaro Uribe.
Fuentes cercanas a la Defensoría y al Congreso dijeron que su renuncia sería para precipitar una nueva elección, pues el proceso en el alto tribunal podría tardar en resolverse.
Además, hace unos días, en el Gobierno se comentó que el nombre de Pérez estará en una nueva terna de la Presidencia, que incluirá una mujer para cumplir con la ley de cuotas.
Mientras se postula la nueva terna la Defensoría quedó en manos de la secretaria general Gloria Elsa Ramírez.
Por otra parte, en los pasillos de la Defensoría del Pueblo los funcionarios comentan que desde junio pasado la entidad está casi “paralizada”. Primero fue por el ‘lobby’ de Pérez para su reelección y luego la suspensión del Consejo de Estado.
“No sabemos que va a pasar; no hay una cabeza visible que dirija la entidad”, dice uno, que prefiere dejar su nombre en reserva.
La falta de ‘acción’ en la Defensoría también se debe a que por lo menos en tres oficinas de delegados y en tres de directores no hay quien dirija las investigaciones y tareas que se realizan.
Todo, porque a finales de agosto, Pérez, cuando se posesionó para el segundo periodo en la entidad, aceptó las renuncias de los delegados de Asuntos Indígenas, de la Niñez y de la Promoción y Divulgación de Derechos Humanos; y de los directores de Políticas Públicas, de Recursos y Acciones Judiciales y de la Defensoría Pública. Aunque, Pérez había dicho que estaba próximo a posesionarse el delegado para indígenas.
“Salieron funcionarios con mucha experiencia, que conocían muy bien el tema de Derechos Humanos, que es la esencia y la base de la Defensoría”, señala una funcionaria y miembro del sindicato de la entidad.
El presidente de defensores del pueblo, Alfredo Córdoba, reconoce que la suspensión “ha generado toda una problemática en el interior de la defensoría del pueblo”.
Asegura que aunque la Defensoría continúa funcionando y cumpliendo con sus deberes de atención en Derechos Humanos, “inevitablemente las acciones disminuyeron”.
El Tiempo / 04 de diciembre de 2008
