El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, quien criticó la reforma a la justicia que acaba de aprobar el Congreso.
Usted ha criticado la reforma a la justicia¿cuáles son las razones?}
Lo que debería hacer el Estado es fortalecer económicamente la justicia. Nosotros, en este proceso de estar atendiendo la montaña rusa que ha sido este proyecto de reforma constitucional, hemos podido concretar que la inversión en justicia es de 0,48% del PIB, es decir, más o menos dos billones de pesos. Los millones no se escatiman para la Cumbre de las Américas, en atender la seguridad de las Fuerzas Militares e incrementar a tres brigadas móviles más y sin resultados en términos de resolución del conflicto. Esas inconsecuencias hacen ver que estamos mal dirigidos.
¿Hubo contubernio entre el Ejecutivo, el Congreso y parte de la Justicia?
La verdad es que la reforma de la justicia se motiva inicialmente por las fallas en el modelo administrativo, es decir, en el Consejo Superior de la Judicatura, en su Sala Administrativa, que resulta burocrática y con problemas de eficiencia y transparencia; y en la Sala Disciplinaria, que proviene del Congreso y del Presidente.
¿Qué otro pero le ve a la reforma?
El esfuerzo del Gobierno para deshacerse del control penal de la Corte Suprema sobre los congresistas. Para eso, recurrieron a las modificaciones de los juicios políticos que se hacían y se vienen previendo en la Constitución del 86 y en esta que está vigente, respecto de los altos funcionarios del Estado. La Comisión de Acusaciones no funcionaba y entonces ahí se toma un pretexto para entrar en una serie de modificaciones muy peligrosas. Finalmente, se quiso establecer un descuartizamiento de esas funciones de la Corte Suprema en el caso de la conducta de los parlamentarios y organizar un ente que no se sabe qué será…
Se critica la Comisión de Acusación por ineficiente. ¿No debió acabarse?
Eso es lo que aparece en la superficie. Pero en verdad, en el examen de todos los artículos que tuvieron que tocar para establecer ese juicio disciplinario y penal de lo que llamamos aforados, básicamente ha habido efectos concretos del ejercicio del control penal. Ese es el caso del Congreso, que tiene el 30% de sus miembros procesados penalmente, cuatro presidentes condenados y toda la neutralización que tuvo que hacerse de la manera como el narcotráfico y el paramilitarismo se tomó las elecciones legislativas.
¿Es esta una revancha contra la Corte Suprema de Justicia?
El Poder Judicial no aparece como interlocutor de una revancha. Lo que ha pasado es simplemente tomar el poder que se tiene para asegurar una estructura de funcionamiento del sistema institucional, para evitar que los congresistas sean juzgados penal y disciplinariamente. Es como cuando usted llega a ejercer un poder y lo delinea para que sirva a sus intereses.
¿Por qué no les fue mejor?
Porque aquí hay solamente un poder, que es el poder presidencial, que se expresa tanto en la Rama Ejecutiva como en el Poder Legislativo.
¿La reforma a la justicia merma la independencia de la rama?
Lo que pasa es que cuando uno quiere hacer un diseño que convenga a su medida y que le permita tener una vida plácida en el ejercicio del poder, pues lo que tiene es que limitar y arrodillar, si es posible, a quienes controlan el poder, que son los jueces.
¿Qué le espera a la sociedad colombiana con esta reforma?
Darse cuenta de que toda la delincuencia se podrá apoderar del poder y va a quedar impune. Van a venir, uno tras otro, los escándalos de congresistas que no hay forma de juzgar. Cuando la sociedad colombiana se dé cuenta que ser congresista equivale a lo que ocurría en los años anteriores –a ser impune y que llegan los ‘pablos escobares’ y todo lo demás, y que no hay forma de controlarlos–, el país y la democracia empiezan a sufrir. Ahí me pregunto cómo traerán paz.
¿Esperan que intervenga la justicia internacional?
No creo mucho en los organismos internacionales. Mire usted la Corte Penal de Roma: funciona desde el 2003 y sólo ha producido una sentencia. La esperanza es que nosotros tengamos la madurez suficiente como país para reorganizar los procesos de abuso que se hacen con el poder. Mire el caso Mapiripán: la Corte Interamericana de Derechos Humanos produjo unas sentencias condenándonos a pagar por unos muertos que estaban vivos. Esos organismos están en crisis. Ir afuera a buscar resguardo es una quimera.
¿Cuándo cree se puede concretar ese oscuro panorama que pinta?
Eso no ocurre de un día para otro; es un proceso que va a llegar en algún tiempo. El Gobierno estará enredado, no sabrá qué hacer con su reforma porque crearon una burocracia gigantesca; no sé cómo harán para pagarla. El debate se trivializó con el argumento de que los magistrados querían 70 años de edad para jubilarse y 12 de período.
En ese sentido ¿cómo analiza lo del periodo de los magistrados?
Fue una estrategia de mercadeo de un proceso político. Se ha querido aprovechar cualquier circunstancia humana para hacer apología negativa y crear mal ambiente. Cuando un pueblo no respeta a sus jueces está condenado a vivir en la ignominia y la injusticia. La verdad es que la justicia ha controlado fuertemente los desmanes y abusos dictatoriales de quienes eventualmente ejercen el poder. Ahora sí la tienen maniatada con esa maraña de cosas que se inventaron.
¿Eliminar el Consejo de la Judicatura lo ve como un saludo a la bandera?
Hay una cosa que no me parece mala, para ser objetivos. Y es que el Consejo Nacional de Administración Judicial tiene la participación de nueve miembros: tres presidentes de las cortes, y seis que implican a los magistrados y jueces de la base.
¿Lo que se hizo con la mano al reformar el Código Contencioso, se borró con el codo con esta reforma?
El Gobierno va a entrar en una situación de una coyuntura muy difícil en términos políticos porque se va a deslegitimar mucho más rápidamente el poder judicial que está más o menos descuartizado. A los congresistas no hay control que les quepa, y se van a seguir presentando escándalos por narcotráfico y parapolítica; la ultraderecha y la ultraizquierda metida allá delinquiendo y sin control alguno.
Según usted, ¿cuánto tiempo retrocedió el país con esta reforma?
Creo que perdimos 20 años. Hemos logrado, con la Carta del 91, purificar un poco el funcionamiento del Congreso, que no fuera tan irreverente ni tan absolutamente autoritario y desconsiderado con el poder que los electores le dan, más en una democracia débil e intervenida por el dinero.
Las cortes se retiraron de las discusiones. ¿Qué le dicen al país tras la aprobación de esta reforma?
La gente debe saber que nosotros nos retiramos porque no encontramos garantías de persuasión, no encontramos ningún grado de razonabilidad en el Congreso, solamente el autoritarismo del Gobierno, de los senadores y representantes que están hipotecados al funcionamiento de la Unidad Nacional. Eso no es democracia. Nosotros fuimos asaltados en nuestra buena fe cuando se propuso la mesa de la reforma a la Constitución.
¿Se van a volver a manifestar contra la reforma judicial?
Lo que se espera es que la sociedad colombiana sufra esa reforma. Si no me equivoco, viene una erosión más fuerte de las instituciones, se va a volver escribir necesariamente esa página con una sartal de muertos -ojalá que no sea así-, con la erosión de la credibilidad del Estado frente a la sociedad que no cree en dignatarios que no tienen jueces. Estamos en una Babel donde existen 50 cortes y todo el mundo manda y no hay a quién obedecer.
¿Está la justicia con las manos arriba?
Realmente en los países desarrollados se habla de poder para la democracia. Ese es el Poder Judicial. Aquí tenemos no un poder para la democracia, sino un poder para la autocracia, para la dictadura y la arbitrariedad.
¿Se está concretando en este gobierno los temores que existían para la justicia en el gobierno anterior?
El gobierno anterior era, de alguna manera, más frentero. Este es mucho más sabio en la estrategia, que vale más que la fuerza. Y eso es lo que vemos.
