Ha pasado un año y María sigue teniendo ese aspecto incuestionable de ama de casa, rol que traicionó -se defiende ella- por sacar los hijos adelante. Ahora, a los 43 años, está sentada en la sala de su apartamento, con una piyamita rosada y el pelo revuelto como acabada de levantar.
El brazalete electrónico que el Instituto Carcelario y Penitenciario (Inpec) le asignó en septiembre pasado, época en que fue beneficiada con la casa por cárcel, lo tiene pegado, como una garrapata, al tobillo derecho.
María se queda pensando, suelta un resoplido y se desahoga: “Lo más horrible. Parece como si uno fuera un perro. Eso uno tiene que movérselo para acá, para allá, a veces talla, y la gente lo mira a uno como bicho raro, como si fuera un…”. Entonces respira y se contiene.
El 3 diciembre, el día que un Juez le negó la posibilidad de asistir a los grados de su hija adolescente, a María, algo desencantada y rabiosa, le sobrevino la tentación de volarse. “Honestamente sí lo pensé, para que le digo que no. Yo se que un muchacho de Bellavista hizo la gracia y no se dieron cuenta. Lo tenaz fue que cuando sí salió con permiso y a lo legal, lo mataron”, cuenta.
Según María, el joven sabía del método para bloquear las señales radiales que emite el brazalete y que llegan, por vía de un localizador GPS, a un centro de monitoreo del Inpec. “Se iba a farrear con el aparato puesto y no le pasaba nada”, relata.
En Colombia hay 3.879 personas que tienen atado a su cuerpo el dispositivo. De ellas, 74 se han evadido y 53, ya tienen denuncia por fuga. Los brazaletes comenzaron a implementarse en febrero del año pasado y su finalidad, según lo dijo el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, era la descongestión de las cárceles. El Inpec, sin embargo, hasta el momento no tiene conocimiento de que el sistema haya sido violado.
El coronel (r) Carlos Alberto Barragán, director nacional de la entidad, asegura que el balance de la pulsera electrónica ha sido más que positivo. “De eso se habla mucho, pero el brazalete es de tal naturaleza que para quitárselo hay que romperlo. Y cuando esto pasa se generan las alarmas”, dice.
Otra cosa piensa Iván Darío Gutiérrez, director de la Corporación Pro Internos y sus Familias de Colombia (Corpifanco), una organización que representa a algo más de 7.000 reclusos de Bellavista y el Buen Pastor de Medellín.
“Hombre, te soy franco. El brazalete, aunque es un método para deshacinar, no es infalible. ¿Cómo se lo quitan y cómo hacen? A finales del año pasado encontraron a un niño con el brazalete del papá en la casa y el tipo estaba rumbeando”, dice.
“Lo he visto y las mismas muchachas me lo han contado. Hay un señor -agrega- que se encarga desactivarles esa vaina por 20.000 pesos. Lo peor es la alcahuetería de las familias, que sabiendo lo de la detención, no informan y permiten que eso suceda”.
Hay que aclarar que una cosa es que alguien se evada y, otra, que burle el sistema. El ciudadano Yamir Obando Mosquera Rodríguez, por ejemplo, fue sorprendido el año pasado con manilla de vigilancia puesta, saqueando un apartamento en Bogotá. Se supone que así como él las personas que se han salido del perímetro establecido, y que han sido recapturadas, han perdido los beneficios.
Eso es lo que no quiere María, pues aspira a que en Junio un juez de Ejecución de Penas le otorgue la libertad condicional. “Puedo llegar hasta la acera de mi casa. Ahí pongo todos los días un puestico de chuzos, con lo que me ayudo con los gastos”. Los compradores ignoran que un paso en falso de la vendedora, que oculta su brazalete debajo de camisones largos, ocasionaría una redada y, de paso, el regreso penitente de una arrepentida al Buen Pastor.
Las salidas de “Kener”
El jueves 18 de febrero, en la oscuridad de las 10:06 de la noche, el Centro de Monitoreo que reporta las novedades al Inpec emitió una alerta respecto a que el interno Daniel Alejandro Serna, conocido con el alias de “Kener”, había salido “de su domicilio sin permiso”.
“Se procede a llamar a los números celulares que tiene registrados, pero no contesta. A la 1:49 a.m. del 19 de febrero (es decir, casi cuatro horas más tarde) regresa después de estar ausente. Se le pregunta a la persona, pero niega la información”, quedó consignado en el informe.
El 1 de marzo de 2010 se repite la novedad. “Siendo las 18:52 salió sin permiso. Se procede a verificar en los números telefónicos y el interno se niega a decir dónde está. A las 19:13 el sistema reporta que regresó”. La ausencia en esta oportunidad es de 21 minutos.
Lo que se preguntan las autoridades, que durante un año y medio le siguieron la pista a este hombre para capturarlo, es ¿qué hacía alias “Kener” lejos de su casa y sobre todo a esa hora de la madrugada? Daniel Alejandro Serna no es un recluso común y corriente.
Su captura se produjo el 18 de julio de 2008, en una residencia de Copacabana, Antioquia. La Dirección Nacional de Policía Judicial (Dijín) lo presentó como cabecilla de “La Oficina” y líder militar de la banda “Los Paisas”, organización con influencia en Antioquia, Bolívar, Magdalena, Atlántico y Córdoba.
Pese al calibre de las sindicaciones, “Kener” fue favorecido con la detención domiciliaria desde el 4 de febrero de este año, por razones de salud. Aunque en su momento el Inpec informó que la medida había sido emitida por mandato de la Fiscal 29 Delegada ante los Jueces Penales Especializados de Medellín, la funcionaria aludida asegura que no fue una orden suya.
“Fue un grupo de fiscales, es que ese es el error, yo estaba en el exterior y la decisión se tomó con base en siete dictámenes de Medicina Legal”, asegura.
La fiscal insiste en que fue una disposición ajustada a la ley. “Olvidan el artículo 362 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600) en la que claramente dice que una persona que se encuentra en estado de gravedad hay que mandarlo o para la casa, o para el hospital”, y agrega que al ponerse su nombre como ejecutora de la medida se puso en riesgo su integridad.
En cualquier caso, la decisión resultó polémica y, por lo que se escucha en los pasillos de algunas unidades policiales, la noticia no cayó bien en las altas esferas de la entidad. Edison Zapata, abogado de Serna, dice que su defendido viene enfermo desde el año 2000 y para validarlo expone el último dictamen emitido por Medicina Legal, con fecha 28 de enero.
El documento, firmado por un profesional universitario, entre otras consideraciones señala: “hipertensión arterial altísima a pesar de la multimedicación, signos claros de deterioro de la función renal, igualmente pérdida de peso progresivo, por el síndrome de la mala absorción, depresión (…). Se puede concluir que el paciente presenta enfermedad grave”.
En cuanto a la explicación que deberá dar “Kener” por haberse ausentado de su vivienda en calidad de detenido, Zapata argumenta que se trata de acusaciones falsas. “Casi cada hora le pasan revista miembros del Inpec y para ello levantan planillas y anotaciones. Igualmente cuando atiende diligencias judiciales han manifestado que él está evadido y ha sido falso, es una situación muy maluca”.
Pero el coronel Barragán repone: “realmente él abandonó en dos ocasiones su casa. Ahora, ¿qué sucede? No podemos suspenderle la medida y llevarlo a un centro de reclusión porque él está en ese sitio por ordenes de autoridad competente. Y es a ellos, a la Fiscalía, en este caso, a la que le corresponde tomar medidas en tal sentido”.
Antecedentes
Alias “Kener” es un ex integrante de las Auc que se desmovilizó con cédula falsa. La Dijín lo relaciona con “La Oficina” y con la banda “Los Paisas”. Antes de su captura, Serna se movilizaba con un carné que lo acreditaba como miembro del Ejército.
