A la insatisfacción que se mostró en el Tolima tras el acto legislativo, se suma que el senador Jorge Enrique Robledo pidió la renuncia del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
Como “acomodada” y carente de beneficios para trabajadores y usuarios del servicio judicial calificaron directivos de este sector la Reforma a la Justicia, cuya aprobación se produjo el pasado miércoles en el Congreso de la República.
“No tiene punto bueno”, sentenció Fernando Suárez, vicepresidente de Asonal Judicial Tolima, y agregó que “el hecho de nombrar a abogados, notarios y particulares para decidir sobre sentencias es un exabrupto”.
En su postura, la misma de la dirección nacional del gremio, incluyó la inconformidad por la demora en la nivelación salarial, la desorganización en la administración de justicia y la falta de elementos en los despachos.
“Sería bueno una reorganización. En lo disciplinario vemos bastantes inconsistencias en investigaciones a jueces y funcionarios, porque son muy apresuradas y se toma muy a pecho quejas que a veces no tienen fundamento”, aseveró.
Y sobre el Consejo Superior de la Judicatura, a raíz de la desaparición de su Sala Administrativa, expresó que sobre él “hay cosas buenas, como otras en que nos hemos visto afectados por algunos directivos anteriores que persiguieron las tareas sindicales”.
Y puntualizó que la asociación seguirá “en pie de lucha, sentando voz de protesta contra la Reforma”, porque, recordó, el desacuerdo se manifestó “incluso desde el primer momento en que el Gobierno dio a conocer el proyecto”.
“El Gobierno no ve que hay equipos obsoletos, la papelería no llega a tiempo y el salario no está acorde con las tareas de los trabajadores. Estamos en deuda de la nivelación salarial, la Ley 4 de 1992. Todo lo que se ha gastado en la reforma debería ir a eso”, concluyó.
“Mínimo beneficio”
Entre tanto, para el exmagistrado José Manuel Santana, el beneficio tras la Reforma será “mínimo, de carácter nacional para los magistrados en especial y ciertos funcionarios. No es una reforma integral y va a traer muy pocos beneficios al usuario”.
Igual de irrisorio será, tal como añadió, el beneficio para la descongestión de los despachos judiciales “y hay muchas normas -en la misma- que necesitan desarrollo legal y ley estatutaria, que van a demandar mucho tiempo”.
Señaló que hay vacíos muy difíciles de llenar, al igual que se hará difícil la investigación de las conductas penales y disciplinarias de los aforados, por lo que “imagino que el Presidente lo va a objetar en parte por esos beneficios”.
Y recordó que siempre existió oposición de expertos y de miembros de las altas cortes; pronosticó “demandas contra el acto legislativo, que va a conocer los conjueces de la Corte Constitucional, porque los magistrados titulares están impedidos para conocer esa reforma”.
Sobre la inyección de presupuesto que vendrá tras el acto, indicó que “en parte es buena la inyección, pero el tiempo es muy amplio para aplicarse en el transcurso esas apropiaciones. Hay limitaciones de que por ejemplo a los seis años se necesite correcciones”.
Además, puntualizó que “no todo es malo. Beneficia en que se puede agilizar más y puede haber más jueces y más facultades a particulares, pero se requiere de un desarrollo legal bien estructurado para que no vaya a haber fallas”.
Es de recordar que el término aforados especiales se refiere al Presidente de la República, el Vicepresidente, magistrados de altas cortes, el Fiscal General, el Procurador General y el Contralor General.
Notarios no hablan
De dos notarios de Ibagué disponibles y consultados por esta redacción, uno comentó de manera extraoficial que espera dar una conclusión cuando se tenga claro a qué división de la justicia se centrará las acciones asignadas en la Reforma.
Otro de ellos dejó constancia también de manera anónima, que aún está en lectura de dicho texto y que tan pronto analice la información emitirá su apreciación al respecto.
“Debe renunciar”, Robledo
“Es de lo peor que ha pasado en Colombia, porque aumenta una especie de dictadura presidencial y avergüenza al país”, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo, quien añadió que los primeros responsables de este “adefesio” fueron los congresistas de los partidos santistas y recordó que el Polo se opuso en sus ocho debates y acompañó las movilizaciones del Observatorio Nacional Permanente de la Administración de Justicia y las organizaciones gremiales de la Rama.
Robledo aclaró que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, debe renunciar porque él también es responsable de lo aprobado. “Él y el presidente Santos fueron sus autores y sus principales impulsores. Defendieron incluso los artículos que blindan a los congresistas contra eventuales procesos judiciales y los que privatizan la administración de justicia”, expuso.
Y preguntó hasta cuándo se va a mantener el tapen tapen del jefe del Estado, pues tampoco le ha explicado al país su responsabilidad en el caso del general Santoyo. Concluyó señalando que Santos organizó todo el tinglado para consolidar un Congreso de bolsillo y someter a la justicia.
“Reforma se necesita, pero este proyecto es algo por completo indeseable”, había comentado el miércoles, en instantes previos a la aprobación.
También el Partido Verde, el movimiento Mira y el Polo Democrático, al igual que el Consejo de Estado, la Misión de Osbervación Electoral (MOE) y la corporación Excelencia en la Justicia, mostraron su reprobación total hacia la reforma a la Justicia.
Cinismo institucional: Morales
Según manifestó a Caracol Radio la exfiscal Viviane Morales Hoyos, el esfuerzo que se construyó durante el año que ejerció el cargo en el ente investigador se echa por la borda con esta reforma.
“Los juicios se van anular y quedarán en libertad todos aquellos que estaban siendo investigados por la Fiscalía, como los de Agro Ingreso Seguro o los vinculados a la ‘Yidispolítica’, proceso que prescribirá con esto”, sostuvo.
Y aseveró que “la jugada fue perfecta para quienes enfrentaban o iban a enfrentar a la justicia. La Comisión de Acusaciones era una maravilla al lado de esto. Las inhabilidades de los congresistas se quitaron.
“Un ministro de hoy puede retirarse, hacer una campaña para senador, no se posesiona y queda en la posibilidad de ser embajador o ministro. Ahora, si los aforados eran difíciles de tocar por la justicia, con esto queda imposible procesarlos. Antes sus procesos eran investigados por la Fiscalía y juzgados por muchos magistrados, ahora todos estos procesos pasaran a conocimiento de tres magistrados. Eso es impunidad”, concluyó.
“La Reforma no atiende las necesidades de justicia de los colombianos. Que ninguno se haga ilusiones pensando en que sus problemas van a ser debidamente atendidos”, sentenció Jorge Robledo.
Unos 900 empleados tiene la Rama Judicial en el Tolima, según Suárez.
