Mientras en el 2019, según la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional se radicaron 620.000 tutelas, el año pasado la cifra de las que llegaron al alto tribunal apenas fue de 256.000. / Crédito: Tomada de El Tiempo.

Bogotá, 17 de febrero de 2021. A continuación, se reproduce el artículo publicado por El Tiempo. El texto y su imagen fueron tomados de su página web.

El año pasado, aunque los juzgados siguieron funcionando con cambios claves como la virtualidad y se hicieron otros ajustes para poder acoplar la administración de justicia a las restricciones ante la pandemia del coronavirus, las tutelas que se presentaron en todo el país se redujeron sustancialmente.

Así, durante el 2020 las tutelas tuvieron una importante caída con relación al 2019, el año en el que más ha habido estos recursos judiciales desde que se creó la tutela como un mecanismo de defensa de derechos, en la Constitución del 91.

Mientras en el 2019, según la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional se radicaron 620.000 tutelas, el año pasado la cifra de las que llegaron al alto tribunal apenas fue de 256.000. Esto significa que hubo una reducción del 58 por ciento en la radicación de estos recursos en los diferentes juzgados.

Ese número muestra que  el 2020 tuvo la cifra más baja de los últimos 15 años. En el 2006, por ejemplo, el número de recursos de tutela que se presentaron fue de 256.000.

Detrás de la reducción no hay una mejoría en los problemas de fondo que causan la presentación de tutelas. Lo que sucedió según los expertos consultados es que las restricciones de la pandemia de coronavirus llevaron a que la ciudadanía accediera en una menor medida a la justicia, lo que bajó la litigiosidad, e incluso las demandas. Esto, a pesar de que la Rama Judicial hizo importantes esfuerzos de modernización para avanzar en la digitalización de la justicia y teletrabajar para continuar operando.

Según Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, hay varias razones que influyeron en la reducción. En primer lugar, aseguró, hay que tener en cuenta que al inicio de la pandemia y cuando arrancaron las medidas sanitarias, hubo un recorte y una suspensión del trabajo judicial, sobre todo en los primeros meses de arranque de la crisis sanitaria por el virus.

En segundo lugar, asegura Herrera, en todo el territorio nacional -en unas ciudades y departamentos, más que en otros-, “se generaron fenómenos de cuarentena que imposibilitaron que ciudadanos pudieran acceder a la justicia y, sobre todo, que pudieran radicar una eventual acción de tutela en la que tuvieran necesidad de hacerlo”, dijo Herrera.

Para Herrera, la situación del año pasado podría traer dos efectos en el 2021: que este año se aumente el número de tutelas radicadas frente al 2020, pero que incluso se superen las del 2019. “Suponemos que las cuarentenas y lo que pudo haber afectado la continuidad del servicio judicial el año pasado, podría llevar a que esas tutelas represadas se presenten este año con lo cual habría ese incremento”, señaló Herrera.

Y según Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, indudablemente la situación de la pandemia del Covid-19 tuvo una relación directa con la disminución. “El confinamiento, los juzgados trabajando virtualmente, de cierto modo la dificultad para acceder a los despachos judiciales en forma no presencial, evitó o generó algunos obstáculos para las personas”, señaló.

Para Esteban Hoyos, profesor en Derecho Constitucional de la Universidad Eafit, en Colombia desafortunadamente son constantes las violaciones a derechos fundamentales, por lo cual esta disminución no debería ser tomada como una muestra de una mejora en la garantía de derechos. Así, asegura Hoyos, teniendo en cuenta que el 2020 fue un año inusual y hubo muchos meses de confinamiento, “esto seguramente pudo tener un efecto en la presentación de acciones de tutela”.
El derecho en el que hubo la mayor reducción de tuelas fue el de la salud

 

A pesar de la reducción de estos recursos judiciales,  se mantuvo la tendencia sobre los cinco derechos más reclamados. Sin embargo en algunos la caída fue más grande que en otros.

El derecho de petición siguió siendo la garantía por la que se presentan más tutelas, con 110.197 recursos, el 35 por ciento de todas las tramitadas en el 2020. Ese derecho, en todo caso, se redujo un 54,9 por ciento frente al 2019, cuando hubo 244.553 por esos hechos.

El segundo derecho más reclamado sigue siendo el de salud, con 70.189 tutelas, el 22,9 por ciento de todas las presentadas en 2020. Llama la atención que pese a tratarse de un año en el que se mantuvo una crisis sanitaria por el coronavirus, la reducción en las tutelas por salud fue superior a la reducción general, pues tuvo una disminución del 66,1 por ciento ya que en 2019 hubo 207.368 recursos por esos servicios.

Sobre los derechos de petición y salud, que son los que siempre ocupan más de la mitad del total de tutelas, el profesor Esteban Hoyos evaluó qué pudo haber pasado en particular con esas garantías.

Frente al derecho de petición, Hoyos recordó que un decreto de emergencia del Gobierno extendió los plazos para responder esas solicitudes ciudadanas que se hacen a las entidades. “Eso seguramente tuvo un efecto en la presentación de tutelas por la violación de este derecho”, aseguró.

En cuanto al derecho a la salud, Hoyos aseguró que el año pasado muchos procedimientos médicos se suspendieron o no se practicaron por la pandemia, por lo cual supone que “muchas personas no acudieron a esta acción buscando la protección del derecho por esa misma razón”.

Continuando con los derechos más reclamados, el debido proceso se mantuvo en el tercer lugar en el 2020. El año pasado hubo 33.027 tutelas por esa causa, frente a 76.447 del 2019, con una disminución del 56,7 por ciento.

En el cuarto lugar continuó el derecho al mínimo vital, con 22.768. En el 2019 hubo 39.284 recursos por esa garantía, para una disminución del 42 por ciento, es decir, menor que la reducción total.

Y el quinto lugar siguió siendo ocupado por el derecho a la seguridad social, con 12.786 tutelas. Estos recursos cayeron un 41,5 por ciento frente al 2019, cuando hubo 21.887.

En cuanto a las pretensiones (cada tutela puede tener más de una), también hubo diferencias entre 2019 y 2020.

Por ejemplo, las solicitudes de información, copias y procedimientos pasaron de 217.828 en el 2019 a 98.229 el año pasado; las peticiones por una práctica oportuna de procedimiento médico pasaron de 73.267 a 22.933; los reclamos por la entrega oportuna de medicamentos pasaron de 49.401 a 17.243; los de tratamientos integrales, de 48.649 a 14.280; y las peticiones de asignación de citas médicas pasaron de 27.280 a 8.583.

¿Las barreras para acceder a la justicia afectaron derechos fundamentales? 

Si la reducción de tutelas no se dio por una mejora en la satisfacción de derechos, sino más bien por dificultades para acceder a la justicia, ¿significa esto, entonces, que en el 2020 pudo haber graves afectaciones a los derechos fundamentales que se quedaron sin la alternativa de la tutela?

Según Hernando Herrera esa afectación sí se pudo haber dado en aquellos casos en los que había un problema urgente e impostergable.

“Esperemos que no haya sido un porcentaje mayoritario, sino la excepción, para que esa muy importante herramienta, que es la tutela, no se vea perjudicada en su gestión y credibilidad”, señaló.

Para Kenneth Burbano, el tema no se debería medir tanto por las cifras sino en cómo la tutela siguió siendo eficaz en la pandemia, acorde a la situación que afrontó el país en el 2020 -y sigue afrontando-, pues este recurso funcionó incluso para tratar temas novedosos.

Así dijo Burbano, por ejemplo, la tutela en el 2020 fue significativa para tratar temas como  la protesta social, la exigencia de pruebas PCR para viajeros, la no discriminación de adultos mayores al restringirse su movilidad (lo que se conoció como ‘la Rebelión de las Canas’), o el cierre de establecimientos de comercio, entre otras.

“Lo anterior significa que la tutela no se ha debilitado. Sigue siendo un valioso instrumento que ofrece celeridad, eficacia y garantía para la protección de los derechos fundamentales de las personas, que goza de la confianza y la credibilidad de los ciudadanos, satisfaciendo el acceso y demanda de una pronta justicia”, aseguró Burbano.

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