24 de mayo de 2018 –
A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por Foros Semana. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.
¿Qué está pasando con la implementación de los acuerdos?
Durante el foro, tanto la Fiscalía como la JEP se pronunciaron sobre el caso Santrich y las competencias que debe tener cada jurisdicción.
Cruce de jurisdicciones debe resolverlo la Corte Constitucional
Durante el foro ‘¿Qué está pasando con la implementación de los Acuerdos?’ tanto la Fiscalía como la JEP se pronunciaron sobre el caso Santrich y las competencias que debe tener cada jurisdicción.
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, acordaron que debe ser la Corte Constitucional la que establezca hasta dónde van las competencias de las Justicia Ordinaria y de la Justicia Especial.
“Las jurisdicciones tienen conflicto de competencia todos los días, que para fortuna de la patria no quedaron en cabeza de la JEP sino en cabeza de la Corte Constitucional, que es un árbitro imparcial y muy bueno”, dijo el fiscal.
Ambos funcionarios le pidieron a la Corte celeridad en su pronunciamiento de manera que se pueda avanzar efectivamente en la administración de justicia, especialmente en el caso de Santrich, y exhortaron al Congreso de la República para que le dé prioridad al proyecto de ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz.
Solo con el efectivo funcionamiento del andamiaje institucional se podrá recuperar la credibilidad en el Acuerdo. “La paz no se nos puede diluir en las manos. La sociedad tiene que reconocer que como colectivo de Nación se ha recuperado el sentido de la vida a nivel nacional, pues esa guerra ha cedido de manera racional”, concluyó el fiscal.
Por esa misma línea, el director de Posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz, Sergio Guarín, expuso que, si bien la implementación de los Acuerdos ha tenido algunas crisis, hay que ser conscientes de los beneficios que ha traído para el país sin caer en discursos incendiarios en busca de objetivos electorales.
Con respecto a los Fondos de Paz, tanto el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, como la viceministra general de Hacienda, Paula Acosta, aseguraron que desde el Gobierno Nacional ya se tomaron las medidas correctivas para que los recursos del posconflicto sean usados de la mejor manera y sin lugar a corrupción.
Además, para dar tranquilidad a los países y organismos internacionales que han aportado económicamente para el posconflicto, resaltaron el mapa de los recursos de la cooperación que instauró la Agencia Presidencial de Cooperación (APC) para asegurar la transparencia en todos los proyectos.
Ahora bien, el gran talón de Aquiles que sigue siendo evidente en la consolidación de la Paz es la llegada efectiva del Estado a todo el territorio nacional y el trabajo descoordinado con los gobiernos locales. La recomendación entonces a quien asuma la presidencia de la República el próximo 7 de agosto tiene que ver con lograr consensos que permitan avanzar y lograr mayor articulación con los gobernadores y alcaldes.
“La reconciliación es la tarea más complicada del próximo gobierno y requiere un cambio del discurso político que no esté profundizando los odios del pasado y por el que piensa diferente. En eso hemos fracasado históricamente”, concluyó Rivera.
En el foro también participaron Claudia García, directora para el Posconflicto; Martin Rodil, CEO InterAmerican Solutions; Roger Noriega, investigador American Enterprise Institute for Policy Research; Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ); Juan Manuel Charry, abogado especialista en derecho constitucional; Rodrigo Uprimny, exdirector de Dejusticia; María Virginia Torres, gerente de la Sociedad de Activos Especiales; Jorge Restrepo, director Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), y Wilson Martínez, procurador delegado para la defensa del patrimonio público, la transparencia y la integridad.
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