Gobierno, Cortes y Congreso tienen sus propias pretensiones sobre el proyecto que cada día tiene un ambiente de fracaso. El presidente Santos encabezará este jueves, una cumbre entre poderes para encontrar un consenso definitivo. “La reforma está en peligro”, dicen en el Senado.
La reforma a la Justicia vive sus peores días en el Congreso. El ambiente del proyecto cada vez más está a la contra. “Veo un grave peligro de que el proyecto se hunda”, dice el senador conservador Hernán Andrade.
Y la razón para que el proyecto, que ha superado cinco de ocho debates, esté en peligro de fracaso, es porque el gobierno, las altas cortes y el propio Congreso, han encontrado una oportunidad para defender sus pretensiones.
Unas pretensiones que han alcanzado un escenario peligroso para la suerte del proyecto. Se han convertido en “puntos de honor”.
Consejo Superior de la Judicatura, el punto de honor del gobierno
El gobierno ha convertido en su “punto de honor” la eliminación total del Consejo Superior de la Judicatura. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, volvió a reiterarlo sin ambagues este miércoles, cuando insistió en que el gobierno le quitaría el respaldo al proyecto si el Congreso no acoge esta propuesta.
Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), presidente de la Comisión primera, dice que
si a la reforma a la justicia le presentan “inamovibles”, el proyecto “está en riesgo”.
Frente al “punto de honor” de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, en el Congreso también le envían mensajes al gobierno. “No todo lo que el gobierno diga lo tiene que acatar el Congreso”, dice Andrade.
El senador Roberto Gerlein (Partido Conservador) también se declara “poco amigo” de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y deja entrever que las motivaciones del gobierno para hacerlo es más contra “la estructura humana” de la Judicatura.
Velasco lo dice con más firmeza. Considera que el gobierno quiere “sacar” a los actuales magistrados de la sala disciplinaria de la Judicatura, algunos de los cuales han sido señalados de irregularidades como las del llamado “carrusel de pensiones”. “Si el debate es sobre personas, pues lo hacemos”.
Carlos Enrique Soto (la U) considera que el Consejo Superior de la Judicatura, por lo menos su sala disciplinaria, debe continuar, “con controles”, pero que no afecten la institucionalidad.
Gerlein insisten que en Colombia hay una “manía” de eliminar las instituciones cuando los funcionarios no se desempeñan adecuadamente, pero no significa que el problema sea de las instituciones consagradas en la Constitución.
Investigación de aforados, punto de honor de Congreso y Cortes
Pero ese no es el único punto de honor. Congreso y altas Cortes también se enfrentan por el llamado juzgamiento de funcionarios aforados.
Los congresistas no acompañarían al proyecto si este no establece la doble instancia para el juzgamiento penal de senadores y representantes, y si la sanción de la pérdida de investidura no se modifica, al menos si no se modula su rigurosidad.
Las altas cortes no están conformes con la fórmula con que el Congreso propone para establecer la doble instancia y para el juzgamiento de magistrados, ministros, congresistas, organismos de control. La fórmula es a través de una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia.
Velasco dice que la reforma a la justicia está “atrancada” porque los tres poderes no se han puesto de acuerdo con la forma para investigar aforados. “No se justifica que estemos enredados en cómo investigar a 400 funcionarios y no en resolver los problemas de acceso a la justicia de 45 millones de colombianos”.
El senador liberal también cuestiona a los otros poderes. Le exige al Consejo de Estado que presente “una propuesta” clara para el juzgamientio de aforados. Y al gobierno le dice que la reforma a la justicia no es de autoría del Ejecutivo. Este proyecto acumuló el del gobierno, el del Consejo de Estado, y dos proyectos del propio Congreso. “El dueño de la reforma no es el gobierno, ni las Cortes, ni el Congreso. El dueño del proyecto es el país”.
Santos y la “cumbre de poderes”
El presidente Juan Manuel Santos ya envió las invitaciones a los congresistas y a los magistrados de las altas Cortes.
El jueves en la mañana se hará la llamada “cumbre de poderes” en la que el Ejecutivo intentará llegar a un nuevo acuerdo con el Legislativo y el Judicial sobre este proyecto.
Los congresistas invitados llevarían un claro mensaje: no pedirán más interferencias y reclamarán autonomía de sus decisiones.
