Esta persona, cuya identidad no fue revelada, fue condenada el 26 de marzo de 2007 en Valledupar, y ya cumplió los primeros 16 meses de su sanción.
Gracias al brazalete, que cuenta con un dispositivo de posicionamiento global, GPS, este hombre podrá desplazarse desde su residencia en la localidad de Suba a una panadería de la calle 170 con carrera 19, en el norte de Bogotá, donde trabajará.
Desde el Inpec, los guardias podrán monitorear sus movimientos al centímetro.
Tras recibir el brazalete, el hombre regresó a su casa acompañado de un guardia del Inpec.
Este recluso fue autorizado por el ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia, para salir hacia su casa en una ceremonia a la que asistieron además varios magistrados de las cortes y otras personalidades.
Programa para descongestionar las cárceles
El sistema, que empezó en Bogotá, permitirá a las autoridades descongestionar las cárceles y vigilar a través de un satélite a los que pagan penas menores de 8 años, entre otros requisitos.
Cuando el programa esté en pleno funcionamiento serán 35 funcionarios del Inpec los encargados de controlar los movimientos de los internos que serán liberados.
En esta primera etapa los dispositivos de control, que se sujetarán al tobillo o a la muñeca, serán entregadas por orden de los jueces de ejecución de penas a presos en las cárceles La Modelo, La Picota y El Buen Pastor de Bogotá.
Según la directora del Inpec, Teresa Moya, ya hay 35 solicitudes en manos de los jueces, de una lista de 1.800 internos de la capital que, en principio, califican para el programa.
Esto permitirá descongestionar las cárceles de la ciudad, pues hay 4.369 presos en sobrecupo.
Para que les den salida con los brazaletes, los internos no pueden tener una condena que supere los ocho años; el juez debe deducir que no pondrá en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena, y el interno deberá pagar la totalidad de la multa.
Es decir, los reclusos beneficiados serán los condenados o sindicados por delitos menores y, por ahora, deben vivir en Bogotá o en los municipios aledaños.
Los jueces, tras evaluar cada caso, asignarán la tecnología del brazalete: RF (telefónica) para los que deberán permanecer el 100 por ciento de su tiempo en casa y GPS (satelital) a los que tengan permisos para ir al médico, trabajar o estudiar.
El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Jesael Giraldo, explicó que si el interno sale del área autorizada o intenta destruir el brazalete se activará una alarma.
De ser así, de inmediato quedará en calidad de prófugo y la guardia del Inpec o la Policía procederán a recapturarlo y perderán todos los beneficios.
Este mecanismo no se utilizará, entre otros para condenados por genocidio, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, extorsión, concierto para delinquir agravado, lavado de activos y terrorismo.
Entregarán 4.961 dispositivos
El Ministerio del Interior y de Justicia inició desde el año pasado, cuando fue aprobado el decreto, una convocatoria abierta para la compra de los brazaletes. La empresa Gensa, el único proponente, ganó el contrato por 37 mil millones de pesos para surtir al Ministerio con 4.961 dispositivos que serán entregados cada vez que un juez conceda el beneficio a un interno.
Otro de los objetivos es tener mayor control sobre los internos con detención domiciliaria, pues algunos aprovechan para salir de sus casas y realizar otras actividades. Muchos, incluso, se vuelan. Si el programa funciona, se extenderá en el corto plazo a otras zonas del país.
El Tiempo / 06 de febrero de 2009
