La competencia seguiría vigente, también, para quienes están investigados o detenidos por aliarse o beneficiarse de los ilegales con el propósito de llegar al Congreso.
El cambio de posición, explican fuentes cercanas a la Corte, recoge principios jurídicos que ya han sido aplicados en países como Alemania, España y Chile, pero en casos de delitos de lesa humanidad.
Muchos de los congresistas procesados por el tribunal han renunciado al Congreso con el argumento de que la Corte no les da garantías suficientes, mientras que si sus casos pasan a la Fiscalía tienen la posibilidad de apelar decisiones y garantía de que quien los investiga no los juzga.
Ese fue el camino que tomaron incluso pesos pesados de la política como Mario Uribe y Luis Humberto Gómez Gallo, quienes fueron presidentes del Congreso. Gómez Gallo acaba de ser declarado inocente por la Fiscalía.
Hace año y medio, la misma Sala había decidido que quienes renuncian al fuero salen automáticamente de su competencia.
Ahora, la Corte está analizando si se aparta de los procesos tras las renuncias al Congreso del senador Carlos García Orjuela y los representantes a la Cámara Gonzalo García y Álvaro Morón Cuello.
El representante Gonzalo García renunció a su curul tras ser acusado por la Corte de promover grupos armados ilegales y el senador García, ex presidente del partido de ‘la U’ y ex presidente del Congreso, hizo lo mismo después de que se ordenó su captura por el delito de concierto para delinquir agravado.
Abogados en alerta
Las discusiones han sido intensas y, como en la mayoría de decisiones de la ‘parapolítica’, los magistrados aspiran a que haya una posición unánime. Lo cierto es que varios abogados que tienen clientes procesados por el escándalo de la infiltración ‘para’ están alerta. “Si deciden cambiar la jurisprudencia, ¿van a reclamar los procesos que ya se fueron para la Fiscalía?”, pregunta uno de esos juristas. Otro alerta de una eventual violación al debido proceso y a los mandatos de la Carta del 91.
Lo que hasta ahora está vigente es lo que la Corte decidió en marzo del año pasado, cuando rechazó una solicitud de la Procuraduría para que investigara al ex congresista y ex director del Inco Luis Carlos Ordosgoitia.
Según el Ministerio Público, Ordosgoitia debía ser investigado por los magistrados porque cuando firmó el llamado pacto secreto de Ralito era representante a la Cámara, si bien la investigación arrancó cuando ya no lo era. La Corte indicó que “cuando el delito no corresponde a la función propia de un funcionario, el tribunal no mantiene la competencia”.
Los que se han ido del Congreso para evitar a la Corte
Luis Gómez Gallo, senador conservador; Mario Uribe, senador de Colombia Democrática; Alfonso Campo, representante conservador; Álvaro Araújo, de Alas Equipo Colombia; Álvaro García, senador de Colombia Democrática; Carlos García, senador del partido de ‘la U’; Ciro Ramírez, senador conservador; Dieb Maloof, senador de Colombia Viva; Gonzalo García, representante conservador; Guillermo Gaviria, senador liberal; Héctor Alfonso, representante de Apertura Liberal; Jorge Castro, senador de Colombia Viva; Jorge Luis Caballero, representante de Apertura Liberal. También José Manuel Herrera, Luis Alberto Gil, Luis Carlos Torres, Luis Fernando Almario, Miguel de La Espriella, Vicente Blel, William Montes.
REDACCIÓN JUSTICIA
El Tiempo / 11 de septiembre de 2008
