La prisión perpetua para los agresores de menores, la penalización frente a la exclusión racial o la modificación del Código Penal para evitar la discriminación en contra de las mujeres, son sólo unas de las iniciativas legislativas que por estos días esperan su discusión en el Congreso.

Sin embargo, aunque pareciera que un castigo con cárcel para quien incurra en esas conductas podría ser la solución, en el Legislativo son más los congresistas que aseguran que la prevención y la reeducación social son las vías más efectivas.

EL NUEVO SIGLO indagó la posición de algunos senadores y representantes sobre el particular y entre ellos primó la idea de una política de prevención sobre la de penalización.

Una contradictoria posición

Los congresistas conservadores Julio Gallardo, representante, y Eduardo Enríquez Maya, senador, no comparten apreciaciones frente a la idea de una masiva penalización de conductas.

Gallardo se refirió específicamente a la idea de penalizar la discriminación racial y aseguró que esa conducta “debe ser penalizada si se violan los derechos humanos. Debe haber algún tipo de sanción mas allá de la moral”.

Sin embargo, agregó que “podría establecerse algún otro tipo de sanción, como la detención domiciliaria o un trabajo social, pero es claro que las sanciones deben ser más drásticas que un simple llamado de atención”.

A su turno, Enríquez aseveró que “el Estado Social de Derecho colombiano tiene un cimiento fundamental que es la Constitución. En ella se encuentran consagrados los derechos fundamentales y uno de ellos es el derecho a la igualdad”.

El conservador también indicó que “el Código Penal colombiano tiene una serie de figuras delictivas que aparecen simplemente haciéndole homenaje a denunciar, más no se tipifican y pasan a ser letra muerta. Igual sucedería con las propuestas que se están tramitando en el Congreso de la República”, dejando así en claro su negativa a este tipo de iniciativas.

Las campañas como solución

Javier Cáceres, senador de Cambio Radical, coincidió con el también senador Luis Fernando Velasco en que las soluciones de tipo social son más efectivas que las de tipo penal.

Cáceres aseguró que “hay una gran inclinación para estar buscando la solución de los problemas en el Código Penal y no se piensa que hay problemas que pueden ser trabajados a través de una buena educación, a través de principios y hacía allá pueden apuntar las decisiones de algunas células legislativas del Congreso y de pronto no aprobar penas sino buscar con otras instancias en contribuir a hacer la sociedad más justa”.

El legislador de Cambio sostuvo igualmente que no estaría de acuerdo con este tipo de proyectos y que buscaría “hacer unas grandes campañas en colegios y universidades y con las familias”.

Velasco coincidió con Cáceres aseverando que “estamos cayendo en una historia penal donde todos los problemas de la sociedad los queremos penalizar”, agregando que “no hay planeación de lo que debemos y lo que tenemos que castigar”.

El liberal concluyó afirmando que esas iniciativas “demuestran la falta de imaginación de nuestros legisladores, que viven proponiendo modificaciones al Código Penal, pero la sociedad debe buscar otro tipo de mecanismos para cambiar esas conductas”.

“Me preocupa que haya una tendencia mayoritaria que está buscando problemas que debe resolver la educación y que no ha resuelto”, sentenció el legislador.

Se debe complementar

En diálogo con el representante del Polo Democrático Alternativo, River Franklin Legro, ponente del proyecto que busca penalizar la discriminación, se conoció que la iniciativa “pretende penas bajas y excarcelables y que la discriminación de pronto tenga un tipo de sanciones y condenas”, aunque aseguró además que en la colectividad “vemos que no es conveniente coartar los derechos de libertad con muchos proyectos como los que hay”.

Legro también coincidió con Cáceres y Velasco manifestando que “hay que hacer mas prevención social porque tampoco podemos llegar al extremo de penalizar absolutamente todo. Habrá que hacer más a través de la pedagogía y el fortalecimiento de la justicia”.

El Nuevo Siglo / 20 de octubre de 2008