El nuevo perjudicado es el presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont.
Ostau de Lafont si bien dijo que no conocer en detalle el informe de la Uiaf indicó que es ilegal porque no es competencia de la entidad, con lo cual viola el debido proceso y el derecho a la defensa. “Lo único que es cierto es que hay signos evidentes de que se quiere desprestigiar a la Rama Judicial. En esa vía van encaminadas las acciones”, dijo.
Recalcó que es necesaria la presencia del relator de la ONU y que por ello la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial ha respaldado unánimemente esa propuesta, pero no sólo para la Corte Suprema, sino para toda la Rama Judicial. “La idea es que venga para que de manera neutral e imparcial observe lo que le está pasando a la Rama Judicial colombiana”, explicó.
En concepto del alto magistrado con las conductas del DAS y la Uiaf vulneran la independencia de la Rama.
En cuanto a las supuestas relaciones con el empresario Asencio Reyes, caso que ya había sonado hace un par de años, dijo que era el quien organizaba los almuerzos para los magistrados y ex magistrados de las altas cortes Reyes.
“Reyes era el coordinador de los almuerzos y quien hacía los llamados, establecía el monto total de la cuenta para después dividirla y cada uno pagar lo que consumía” En su caso particular aclaró que de Reyes no recibió sugerencias en procesos o regalos.
Por otra parte, la Comisión de Acusaciones de la Cámara no descarta abrir investigación contra el fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, por considerar que esa entidad omitió entregar el informe de la UIAF sobre supuestas actividades ilícitas de tres magistrados y un ex magistrado.
La razón expuesta en la reunión de la Comisión de Acusaciones es que el fiscal Iguarán conocía el informe desde septiembre del año pasado y no lo había entregado a la Comisión, única encargada de investigar a los magistrados.
SOLICITUD
El representante Germán Olano dijo que por ahora esperan que les envíen los documentos de los estudios hechos a los magistrados por parte de la Unidad de Información de Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda y que fueron entregados a la Fiscalía para que los investigara.
