Transparencia Colombia analizó los procesos de ‘selección por mérito’ en esas entidades, las principales del país, para elaborar el índice. El indicador quedó en 52,4 sobre un máximo posible de 100 puntos.
Lo que encontraron los responsables del informe muestra que la meritocracia sigue siendo una asignación pendiente en el Estado colombiano; 46 de las entidades consultadas sacaron cero en la medición. Según la evaluación, el 30 por ciento de las entidades públicas del sector defensa no realizaron procesos meritocráticos.
Esa mala nota subió al 52 por ciento en el sector ambiente y registró el 42 por ciento en Educación.
En el 2007, dice Transparencia, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior “no realizaron procesos meritocráticos”. Solo cuatro entre 138 entidades del orden nacional, según el Índice de Transparencia, están en riesgo bajo de corrupción.
En cambio, en el alto riesgo se ubican instituciones como el Congreso de la República, nueve corporaciones autónomas regionales, la Registraduría y cinco universidades.
En general, con 100 como nota máxima en transparencia, el Estado sacó 69,5 puntos (riesgo medio de corrupción). El Banco de la República, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, el Ministerio de Educación y el ICA fueron las entidades con mayor índice de Transparencia entre el 2007 y el 2008. Sacaron más de 89 puntos.
Al otro extremo aparecen el Instituto Nacional de Concesiones (Inco); el Incoder, el Ministerio del Interior y de Justicia, el Senado y la Cámara, entre otros.
La entidad que mayor riesgo reporta es la Corporación para el Desarrollo sostenible de la Mojana y el San Jorge, con un indicador de apenas 25,2 sobre 100.
Por ramas, a la que mejor le va es a la Judicial, con 76,1. La Ejecutiva marca 74,9 y la Legislativa apenas registra 39,2.
Y al tabular los resultados reuniendo todas las variables dentro de los tres grandes temas de evaluación, visibilidad de las entidades, sanción en las mismas e institucionalidad (que tiene que ver con la contratación, la evaluación de los funcionarios y el control interno), el sector Hacienda en general es el que sale mejor librado.
Malos procesos en contratación
La contratación resultó ser uno de los grandes lunares y según las mediciones aportó a la corrupción. Allí se encontró poca pauta publicitaria, hecho que alienta las irregularidades.
Además, hubo indemnizaciones millonarias costeadas por el Estado por cuenta de fallos judiciales adversos en este tema.
En promedio, seis de cada diez entidades evaluadas publicaron en el portal único de Contratación.
El informe concluye que el bajo promedio de publicidad en la contratación (61/100) “favorece el accionar de los actores corruptos que encuentran en la contratación una de las mayores rentas”.
Más de 3,6 billones de pesos se movieron en el 2007 mediante modalidades de excepción, sin publicidad ni pluralidad de postulantes, a través de contratos con cooperativas, urgencia manifiesta, organismos internacionales y contratos inferiores a 10 por ciento de la menor cuantía.
Y las controversias contractuales que llegaron a despachos judiciales terminaron por desangrar las finanzas de por lo menos nueve empresas del Estado en 4.500 millones de pesos.
Esto sin contar los procesos que todavía pueden estar en curso.
