Recordemos. La tarea que se delineó para el Ministerio luego de la reforma constitucional de 1991 ha comprendido, principalmente: 1. Velar por una política judicial coherente mediante el seguimiento de la expedición de leyes y el fomento de la investigación sociojurídica para que las reformas de la justicia respondan a las necesidades de los ciudadanos.
2. Corregir la lamentable ausencia de una política criminal de Estado, cuya definición no corresponde al Fiscal o a los jueces o a la Policía, sino al Presidente de la República.
3. Apoyar el desarrollo de mecanismos como la conciliación, el arbitraje, los jueces de paz, las casas de justicia y otras soluciones alternativas de conflictos que ayuden a corregir el muy limitado acceso a la justicia en Colombia.
4. Impulsar políticas de supresión y racionalización de trámites, actualización y simplificación de códigos.
5. Formular y adoptar políticas en materia carcelaria, penitenciaria y postpenitenciaria, de acuerdo con la política criminal.
6. Liderar la cooperación judicial internacional y velar por que la legislación colombiana esté a la altura de las tendencias de la globalización del derecho y de la justicia.
Pero, además de lo anterior, acaso el Ministerio no debería estar preocupado por temas como el de las graves deficiencias de la educación de los abogados en Colombia? O no debería el Ministro de Justicia participar en el debate del presupuesto y del plan de desarrollo de la justicia? Estas no son materias para un Ministerio del Interior. En 1890, cuando, mediante la Ley 13, se creó por primera vez el Ministerio de Justicia, precisamente hubo que separar del Ministerio de Gobierno lo relativo a la justicia, no solo por la complejidad y conocimientos que requiere el manejo de estos temas, sino por el grave riesgo de que un ministro con otras prioridades y urgencias políticas pierda la celeridad y el sentido de defensa del interés público que debe primar en el despacho de los asuntos de la justicia.
Por lo anterior, si el problema es presupuestal, deberían más bien buscarse soluciones de reducción burocrática y reorganización administrativa para que el Ministerio pueda cumplir en este y en los próximos gobiernos el papel que le corresponde dentro del Estado social de derecho.
* Director ejecutivo Corporación Excelencia en la Justicia cej
El Tiempo / 1 de junio de 1999
