El Consejo de Estado estudia una demanda que pide anular el decreto con el que el Gobierno convocó a sesiones extras para hundir la Reforma de la Justicia. De prosperar la nulidad, la cuestionada reforma reviviría.Y con esta, varios ‘esperpentos’ jurídicos, que fueron incluidos a última hora dentro de la reforma.
Por ejemplo, cerca de 1.500 investigaciones contra aforados, que eran llevados por fiscales delegados ante la Corte, serían entregados a una sala de magistrados que aún no existe (Vea infografía) . Lo que signficaría que muchos de esos procesos se caerían. La violación al régimen de inhabilidades que incluía, entre otros, haber sido condenado a prisión, ya no sería causal para que un congresista perdiera su investidura.
Los argumentos que sustentan la demanda que fue interpuesta por Andrea Valentina Fajardo es que el Presidente no tenía competencia para objetar los actos legislativos y el segundo que la deliberación de objeciones a sesiones extras sería inconstitucional. La petición fundamental es que el Consejo de Estado declare nula la actuación del Presidente, fundamentalmente porque, según la demandante, la forma cómo se hizo el quite a la reforma es “una violación grotesca y descarada de la Constitución”.
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