Los perjuicios que se han causado durante el desarrollo de este inaceptable paro, son enormes. Según el Consejo Superior de la Judicatura, la sociedad se ha quedado sin recibir cerca de 98 mil sentencias, se han dejado de realizar 18 mil audiencias de control de garantías y no se han atendido muchas tutelas en el urgente tema de la salud.
El Gobierno dictó cuatro decretos para tratar de conjurar el paro, destinando 131 mil millones de pesos para la nivelación salarial, que se haría entre 2009 y 2010; convirtiendo la bonificación de actividad judicial en factor salarial, y duplicando la prima de productividad, de 15 a 30 días de salario. No obstante ser un aumento superior al que se le haría al resto de los servidores públicos, Asonal no aceptó las directrices gubernamentales y mantiene su decisión de paro nacional indefinido, alegando que “los decretos del Gobierno no colman en un mínimo las aspiraciones y lo establecido por la ley”.
No somos partidarios del cese de actividades decidido por Asonal para reivindicar unos pretendidos derechos, y aspirar a que los funcionarios provisionales de más de tres años ingresen a la carrera judicial, sin el debido concurso de méritos que exige la Constitución. Algo inadmisible, ya que la Rama Judicial debería caracterizarse precisamente por tener dentro de sus funcionarios a las personas más calificadas y conocedoras de las leyes.
Sea el momento para reconocer que en Antioquia el poder judicial ha demostrado sensatez y serenidad y muchos de sus servidores en este tiempo de cese han continuado administrando justicia, en bien de los ciudadanos. Ojalá su ejemplo fuera seguido por muchos. Sin embargo, nos preocupa que en otras regiones del país se utilice la fuerza para impedir que quien desee trabajar lo haga. ¿No se estará bordeando peligrosamente el Código Penal?
El Colombiano / 09 de octubre de 2008
