Algunos uribistas que no concebían un futuro inmediato sin Álvaro Uribe y que se lanzaron de cabeza por la segunda reelección, probablemente tengan -tras el fracaso del referendo en la Corte Constitucional- más preocupaciones que encontrar al sucesor del Presidente.
Y es que aparte de garantizar el relevo en el 2010, la sentencia del alto tribunal podría tener otras consecuencias secundarias. Es así como el histórico fallo impulsaría investigaciones judiciales y disciplinarias para aquellos que participaron en el proceso y que se hicieron protagonistas de “los vicios insalvables” que tuvo la Ley de Referendo. Aún más, la efervescencia de la decisión, aún reciente, podría darles mayor agilidad a esas decisiones.
Los primeros preocupados son los 86 congresistas que en la Cámara de Representantes votaron afirmativamente el segundo debate del proyecto de referendo. Lo hicieron en aquella madrugada del 17 de diciembre de 2008.
No sólo votaron “a espaldas del país”, como muchos advirtieron entonces, si no que con el agravante de que el proyecto no tenía el certificado del Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, que aprobara la legalidad de la financiación en el proceso de recolección de las firmas. El certificado nunca se expidió, y la Corte Constitucional sentenció que se trataba de un requisito sustancial para que el proyecto se discutiera en el Congreso.
La Corte Suprema de Justicia, luego de una denuncia entablada por el representante del Polo, Germán Navas Talero, abrió indagaciones preliminares contra estos congresistas. Una investigación que no sólo cobró actualidad gracias al fallo de la Corte Constitucional, sino que pareció darle mayor fortaleza.
Eso es lo que piensa el propio denunciante. Navas Talero, quien dice que la “sana lógica” dicta que la investigación debe cobrar fuerza. “El fallo que hundió el referendo es claro. Nosotros (los congresistas) no podíamos iniciar el procedimiento… La Corte Constitucional lo que dijo fue que el Congreso no tenía la competencia de decidir sobre el referendo porque no cumplía con uno de sus requisitos previos”, le dijo Navas Talero a Semana.com.
El ex magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández dice que “ahora, con mayor razón, quienes votaron sin el requisito previo del certificado del registrador tienen que responder. Esa es una de las implicaciones del fallo”.
Con la Constitución en la mano, Hernández acoge el artículo 149 de la Carta Política, el cual señala que “toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes”.
A los 86 representantes, la Corte Suprema de Justicia los investiga por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato. Una conducta que define el código penal vigente de la siguiente manera: “El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”.
El proceso, según fuentes cercanas a la investigación, nunca se ha detenido. Aseguran que la Corte Suprema ha venido adelantando versiones e interrogatorios, no sólo con testigos, también con los propios implicados. Pero el proceso se ha dilatado por “el bombardeo de tutelas”, según la fuente consultada: “en total han sido tres reclamaciones a través de este mecanismo”.
Una de ellas aducía que la Corte no podía investigar a los legisladores porque el voto era inviolable. Sin embargo, la tutela no procedió porque el fallo señaló que la investigación procedía por considerar que los representantes votaron en un momento inoportuno, y no por el sentido de la votación, que resultó favorable al referendo.
Otra de las tutelas que intentaba bloquear la investigación argumentaba que la Corte Constitucional, y no la Corte Suprema de Justicia, era la competente para adelantar la investigación. El reclamo tampoco procedió.
Por eso, los 86 representantes que están bajo la lupa de la Corte Suprema, también estarán preocupados por el desenlace de esta investigación. Como muchos de los investigados aspiran a mantenerse en el Congreso, bien sea como representantes, o dar el salto al Senado, una sentencia responsabilizándolos “conlleva la imposibilidad de salir elegido”, señala quien los denunció, Navas Talero. Circunstancia que dañaría sus planes, y en consecuencia, sus carreras políticas.
El ex magistrado José Gregorio Hernández también advierte que las consecuencias no sólo serían penales, también disciplinarias. Por eso, afirma que la Procuraduría “se ha demorado mucho en abrir investigación” a estos 86 congresistas, porque a su juicio, tan pronto se produjo el fallo, el Ministerio Público “ha debido empezar, de oficio, un proceso disciplinario”. De ser así, y ser encontrados responsables, quienes participaron de la votación en la plenaria de la Cámara de Representantes “deberían de ser objeto de sanciones disciplinarias que acarrearían su destitución”, dijo Hernández.
El lío de los Promotores
Si Luis Guillermo Giraldo, el padre del referendo, esperaba que con adjudicarse a su contabilidad el fracaso del referendo se liberaría de culpas, probablemente esté convencido que ese acto de contrición no le permita eludir otros de los karmas que aún tiene encima.
Una investigación penal sobre él, y siete de sus principales escuderos en la promoción de la iniciativa, será el coletazo directo que tendrá que asumir tras el fallo de la Corte.
Cuando el máximo tribunal de salvaguarda constitucional advirtió que “el Comité de Promotores de la iniciativa se sirvió de una asociación particular (Colombia Primero), que siempre controló, para adelantar labores que según la ley le eran propias; en concreto, las relativas a la financiación de la campaña para la recolección de los apoyos ciudadanos conducentes al trámite de una reforma constitucional”, determinó la triangulación que hubo entre los propios promotores del referendo para no mostrarle al registrador la violación de los topes de financiación en que incurrieron para promover la iniciativa.
“Se inventaron Colombia Primero, que recibió todo tipo de aportes con los que financiaron el proceso de recolección de firmas, auto préstamo con el que el Comité de Promotores superó más de seis veces lo autorizado por el Consejo Nacional Electoral”, explica el representante Germán Navas Talero.
Junto a Giraldo, Cecilia Paz de Mosquera, Juan David Angel Botero, David Salazar Ochoa, Miriam Donato de Montoya, Gustavo Dájer, Álvaro de Jesús Job y Gediel Saavedra son objeto de una investigación en la Fiscalía, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude procesal, que contempla penas entre prisión de cuatro a ocho años, y sanciones e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas de cinco a ocho años.
Esta investigación, por su jurisdicción, podría estar más embolatada. El hoy fiscal general (e), Guillermo Mendoza Diago, pidió a la Corte Constitucional una copia del fallo de la Corte, con el propósito de agilizar la investigación, toda vez que el pasado viernes quedó claro que el proceso de financiación del referendo vulneró los preceptos constitucionales y legales.
Pero en la Fiscalía esta investigación ha estado muy dilatada. Primero porque el conocimiento del caso era llevado por un fiscal seccional quien, el 11 de febrero de 2009, cuando tenía lista la imputación de cargos ante un juez de conocimiento de Bogotá, fue apartado de la investigación por el entonces fiscal general Mario Iguarán. Las razones del cambio de fiscal las adujo el propio Iguarán “a la complejidad e importancia del caso”.
José Edgar Collazos, fiscal delegado ante la Corte, asumió la investigación y decidió partir de ceros, apartándose de lo actuado. Collazos ya no está en la Fiscalía, y varios dirigentes que han querido seguirle la pista al proceso, mediante reiterados derechos de petición, han encontrado como respuesta que la investigación está en etapa de reserva sumarial, y que ellos no son parte civil en el caso.
Los tránsfugas: una costosa voltereta
Cinco representantes a la Cámara, Ángel Custodio Cabrera Báez, María Violeta Niño, José Ignacio Bermúdez Sánchez, Felipe Fabián Orozco Vivas y Luis Felipe Barrios, no sólo quedaron con la sensación de que su voto no sirvió en nada para la causa reeleccionista, además su decisión de votar por el referendo, durante la conciliación entre Cámara y Senado, podría poner en ascuas su futuro político.
Ellos fueron escogidos por Cambio Radical. Pero para septiembre de 2009, cuando el ministro del Interior Fabio Valencia Cossio hacía maromas para sumar los votos necesarios a favor de la conciliación del proyecto de referendo, los cinco representantes decidieron cambiarse de partido.
Por esos días, el comité de ética de Cambio Radical había impuesto una sanción sobre los cinco representantes -que los bloqueaba para votar en el Congreso- optaron por eludir el castigo cambiándose de filas. Esa maniobra, que además vicio el referendo, les podría significar consecuencias graves para sus carreras.
Amparados en la reforma política, que permitía el ‘voltearepismo’, creyeron haberse habilitado. Pero ellos nunca renunciaron a Cambio Radical y el fallo de la Corte Constitucional advierte que no sólo vulneraron el régimen de bancadas. Lo que es peor, que pudieron haber incurrido en doble militancia. “Un cambio de partido, en las condiciones específicas y como partes de una cadena de vicios e irregularidades que se realizó, no puede ser un instrumento para desconocer la Constitución”, señaló el pronunciamiento de la Corte.
La doble militancia es una conducto sancionable hasta con la pérdida de investidura, o lo que es lo mismo, la muerte política. El Consejo de Estado es la instancia que debe decidir este tipo de procesos, mediada una demanda para tales efectos.
El representante Germán Navas Talero, en diálogo con Semana.com, instó al jefe máximo de Cambio Radical, y aspirante a la presidencia, Germán Vargas Lleras, para que, a través del comité de ética de su partido, le pida al Consejo de Estado la pérdida de investidura de los cinco representantes tránsfugas. “si es que en realidad está comprometido con cambiar las prácticas políticas”.
Si los más fervientes uribistas aún tienen la resaca por la decisión de la Corte Constitucional, probablemente empiecen a preocuparse por las implicaciones del fallo. Falta ver, en caso de que los procesos avancen, si el gobierno cumple con la promesa del ministro de Interior Fabio Valencia Cossio, de colaborar en los millonarios gastos que estos eventuales procesos significarían.
