Es urgente también adoptar un nuevo modelo de proceso penal más rápido, oral y garantista, junto con una policía judicial autónoma y coordinada, y un esquema profesional y fortalecido de defensoría pública. Parte de la impunidad y crisis carcelaria obedecen a las demoras y defectos en la investigación y acusación de delitos. Las recientes propuestas de la Fiscalía no ofrecen soluciones de fondo para corregir las graves fallas del sistema procesal.
El problema de congestión y atraso debería enfrentarse más gerencialmente. Comprometerse con pequeñas reformas de gran impacto. Por ejemplo, introducir cambios a ciertos procesos, como los ejecutivos, que han hecho colapsar al sistema judicial; utilizar sin más dilaciones las herramientas de descongestión que ofrecen las leyes 270 de 1996 y 446 de 1998; realizar ajustes en el conocimiento judicial de la acción de tutela sin reformar la Constitución; dar la pelea para que el presupuesto de la justicia incluya recursos efectivos para programas de capacitación y mejora de la gestión de despachos y procesos.
El acceso a la justicia podría ampliarse si Estado y sociedad civil le pusieran atención al sistema nacional de asistencia legal popular incluyendo el fortalecimiento de los consultorios jurídicos universitarios y de las Casas de Justicia. Pero, sobre todo, si se apoya el desarrollo de formas comunitarias no burocráticas de resolución de conflictos, donde los ciudadanos encuentren alternativas más próximas, rápidas y legítimas para solucionar sus problemas. El soporte a la conciliación en equidad y una buena reglamentación de los jueces de paz contribuirían a impulsar estas formas democráticas de justicia.
Pero nuestra aspiración de plasmar un sistema de justicia eficiente, eficaz y para todos en el siglo XXI requiere más que reformas instrumentales de corto plazo que puedan resultar en más leyes o instituciones desfasadas de la realidad. Hay que comenzar por replantear el tradicional énfasis de las reformas judiciales en intentar mejorar el desempeño del Estado. Un nuevo modelo de justicia debe poner en primer plano la misión indelegable de los ciudadanos de hacer efectivos sus derechos, obligaciones y garantías a través de mecanismos consensuales, pacíficos y amistosos, y evitar todo lo posible acudir al pleito. En años recientes se han reglamentado mecanismos alternativos al proceso judicial para solucionar conflictos, pero la falta de un adecuado sistema de incentivos a la transacción voluntaria y de desincentivos a la judicialización de las diferencias, ha impedido su mayor utilización.
Por diversas vías sería posible disminuir la inclinación a demandar, comenzando por la exigencia de una administración pública más diligente y respetuosa de las peticiones y derechos ciudadanos. El establecimiento de la conciliación prejudicial obligatoria para la mayoría de las controversias abriría espacios a la conciliación, al arbitraje y la amigable composición. Las soluciones consensuales o arbitrales podrían también multiplicarse en las cláusulas contractuales, así como fomentarse una mayor utilización de los seguros para la mejor distribución de riesgos en los negocios jurídicos. Sería igualmente necesario establecer tasas, que moderen la propensión a litigar, sin afectar los servicios de justicia que demandan los pobres.
Otro componente de un nuevo modelo de justicia debería ser la exigencia de una mayor transparencia judicial. Las estadísticas de la justicia colombiana son deficientes, atrasadas y difíciles de conseguir. Una cultura de rendición pública de cuentas podría fomentarse si continúan adoptándose y mejorándose sistemas de evaluación de resultados. La municipalización de ciertos servicios de justicia es otro ámbito que ofrece un vasto campo para mejorar su prestación integral en áreas como la familia, la niñez y la prevención de las infracciones. Hay que repensar igualmente el sistema de gobierno de la Rama Judicial para hacer realidad una eficaz regionalización de sus servicios y permitir la participación de sus principales actores en el órgano de administración.
* Director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia
El Tiempo / 13 de octubre de 1998
