“Somos un tribunal independiente y tomaremos las decisiones que correspondan”, aseguró el magistrado Pinilla al desestimar las sindicaciones que algunos miembros de partidos de la oposición le han hecho a ese tribunal al que han calificado como “de bolsillo” del presidente Álvaro Uribe.

Se estima que el trámite en la Corte debe darse en un plazo máximo de tres meses a partir del momento en que reciban el proyecto con la debida sanción presidencial.

Pinilla deberá hacer el sorteo del magistrado ponente que será el encargado de enviar el material a la Procuraduría General para que emita su concepto (tiene 30 días) y, por otra parte, recibir la opinión de los ciudadanos (que tienen un plazo de 10 días). Luego podrá presentar su ponencia.