Infortunadamente las y los servidores judiciales somos responsables de la mala percepción que tienen las y los usuarios de la justicia. Consecuencia de acciones u omisiones ilícitas e innumerables comportamientos inveterados que generan desconfianza.
Aceptar un tinto de quien litiga en el Juzgado, recibirle coimas, pedirle prestado dinero o asistirle a francachelas y comilonas, recibir dos o tres veces el valor de las copias, o regalo el día del abogado, del amor y la amistad, el cumpleaños o en diciembre, son comportamiento que generan compromisos con el litigante “generoso” que ejerce la tercera regla de un “buen” litigante: Bolsillo ancho.
Compromiso que se traduce en agilizarle el proceso y favorecerlo en sus decisiones. Peor aún vender justicia.
Existen muchos rumores de prácticas corruptas, por ejemplo que en algunas secretarías u oficinas de repartos cobran por asignar la demanda a determinado juzgado o que se cobra millonarias sumas de dinero por obtener un subrogado penal (domiciliaria) o que en algunos despachos se trafica con los remates.
Es inaudito que servidoras y servidores judiciales alternen la administración de justicia con actividades comerciales. El juez o la jueza no puede ser comerciante por sí o por interpuesta persona.
Estas actuaciones dañan la imagen de la justicia y muy seguramente la contaminan. Quienes sufren las consecuencias de actuaciones irregulares lastimosamente prefieren el silencio que soportar el desprecio en los despachos judiciales y la pérdida del cliente. La difusión de estas actuaciones delincuenciales o disciplinables, fundadas o infundadas, son frecuentes, arraigándose en la conciencia colectiva el desprecio generalizado e injusto por quienes tenemos el compromiso de la efectividad de los derechos y la garantía de la convivencia pacífica.
Por ese motivo se propone que el Consejo Superior de la Judicatura promueva conversatorios por todas las regiones que discutan esta problemática y se determine los requisitos, calidades y condiciones que debe reunir el servidor o servidora judicial y sean incluidas en la Reforma Judicial que se tramita.
