La información corresponde a un estudio hecho por Transparencia Internacional, que quedó en el Informe Global de Corrupción que esa ONG internacional realiza cada año, y una de cuyas conclusiones es que en las naciones donde las remuneraciones de los funcionarios judiciales son más altas, son también más proclives a la corrupción y la impunidad.
En estudios como este, Asonal Judicial sustenta buena parte de sus pretensiones. Según su presidente, Fabio Hernández, cerrar la brecha demanda una inversión urgente de 300.000 millones de pesos. El Gobierno, tras hacer cuentas, ha dicho que está dispuesto a desembolsar 111.000 millones, pero el sindicato no la ha aceptado y amenaza con prolongar el paro que lleva un mes, por los menos hasta el 7 de octubre cuando está programada una protesta general de las centrales obreras, que se han solidarizado con Asonal.
En principio, las aspiraciones de Asonal parecerían razonables, pero al examinar las cifras de productividad de los jueces surgen muchos interrogantes. Según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, el represamiento de procesos en los juzgados se acerca al 50 por ciento, porcentaje que para la Corporación para la Excelencia en la Justicia no es propiamente la mejor carta de presentación de los jueces ni una muestra de la eficiencia de los funcionarios judiciales. “La remuneración debe estar asociada no solo a la responsabilidad de las funciones asignadas, sino a la productividad”, le dijo a CAMBIO Gloria María Borrero Restrepo, directora de la Corporación.
El mayor número de expedientes sin resolver está en los juzgados civiles, donde el rezago llega al 64 por ciento, y en la jurisdicción laboral donde es del 53 por ciento. Las cifras no incluyen las acciones de tutela que recargan el trabajo de los juzgados. Sin embargo, el problema no es exclusivo de los jueces de menor nivel. Las salas laborales de los tribunales superiores presentan atrasos del 53 por ciento, las civiles del 46 por ciento y las penales del 40 por ciento.
De cualquier manera, los bajos salarios desmotivan en la práctica a quienes los devengan, que son quienes tienen la responsabilidad de instruir los procesos. Así lo ha comprobado la Corporación en una serie de talleres que realiza actualmente para elaborar el mapa de riesgo de la corrupción judicial. “Es innegable que el factor salarial es clave dentro del propósito de dignificar y mejorar la Justicia, y de atraer a los mejores abogados de las mejores universidades, pero no puede ser el único ¿señala Borrero¿. La anhelada calidad en la administración de Justicia depende estructuralmente de que el sistema logre que sus servidores tengan las mejores calidades profesionales y éticas y para eso es preciso que los criterios de enganche de jueces y demás servidores, así como los de ascenso en la carrera judicial, respondan a evaluaciones de la mayor exigencia”.
Varios asistentes a los 60 talleres que ha realizado la Corporación sostienen con franqueza descarnada que como los funcionarios que fallan en segunda instancia son los que reciben mejores sueldos, ellos han decidido disminuir sus esfuerzos en la primera instancia, comportamiento que, sin duda, se aleja de los códigos éticos que deben manejar quienes están obligados a administrar Justicia.
Mala cosa en un país donde la falta de Justicia explica en buena parte el incremento de la delincuencia y la tolerancia de la sociedad frente a los altos niveles de corrupción en todos los órdenes.
