HACE ALGUNAS semanas el presidente Álvaro Uribe se quejó porque el fiscal general Mario Iguarán expresó una posición distinta a la de la Casa de Nariño acerca de la penalización de la dosis mínima de droga, a pesar de conocer, desde el momento que fue postulado al cargo, la postura gubernamental frente al tema.
Ahora que empieza un nuevo proceso para elegir al jefe del ente investigador, que reemplazará a Mario Iguarán, a mitad de este año, comienza la polémica en torno a que tan independiente podrá ser el nuevo fiscal general en temas como el porte de la dosis mínima y otros.
EL NUEVO SIGLO consultó con ex fiscales generales para saber qué opinan. El ex fiscal Alfonso Gómez Méndez salió en defensa de la independencia del fiscal: “El fiscal general debe ser independiente. Por eso la Constitución no le asignó su elección al presidente, sino a la Corte Suprema de Justicia”.
Por su parte, el ex fiscal Alfonso Valdivieso coincidió con Gómez Méndez: “Ningún Gobierno puede pretender que el fiscal pierda su independencia, porque de lo contrario el fiscal estaría incumpliendo sus deberes constitucionales. Al administrar justicia, le imponen esa condición.”
Valdivieso aseguró que el fiscal incumple su responsabilidad cuando pierde su independencia, porque el fiscal se debe a los principios, en los cuales está concedida la administración de justicia, cuyo principio esencial es la absoluta independencia y cualquier otra actitud, es absolutamente ajena a sus responsabilidades.
“Una cosa es quién lo escoja, y otra es, una vez haya sido escogido, el funcionario se vea en incumplimientos a su responsabilidad por quebrantar su independencia”, dijo Valdivieso.
El ex fiscal además aseguró que cuando ese funcionario investiga a otros del Gobierno, como ministros y demás, él ejerce como funcionario judicial y no como dependiente del presidente. “Por eso, el origen de las postulaciones, de la escogencia, es distinto al cumplimiento de sus funciones. El fiscal que actúa basado sobre el origen de su nombramiento, por ejemplo, queriendo favorecer al Gobierno, está prevaricando, lo que es un delito”, afirmó que el ex jefe del ente investigador.
“El funcionario no puede favorecer al Gobierno, y tampoco puede estar en contra del mismo. Debe estar actuando como le corresponde en su calidad de funcionario judicial, con autoridad, con total autonomía, con independencia”, aseveró Valdivieso.
Por último, el ex funcionario manifestó que la postulación no debe interferir en la “indispensable e incondicionada” administración de justicia.
Para mitad de año, el presidente Uribe tendrá que integrar una terna de aspirantes para ser fiscal general de la Nación.
El enfrentamiento presidente – fiscal
El 24 de febrero de este año, el presidente Uribe y el fiscal Iguarán tuvieron un enfrentamiento por el tema de la dosis mínima.
Todo empezó cuando el fiscal Iguarán afirmó que no era partidario de la penalización del consumo de la dosis personal, porque la adicción no se solucionaba con cárcel.
En ese momento era de conocimiento público la postura del Gobierno en querer penalizar la dosis mínima. De hecho, el presidente Uribe convocó a su bancada en el Congreso para que tramitaran una ley.
Uribe rechazó las declaraciones que Iguarán dio a los medios y aseguró que esos temas él debería primero consultarlos con el Gobierno.
Según Uribe Vélez, la Constitución obliga a que el presidente de la República y el fiscal general coordinen la política anticriminal.
El Nuevo Siglo / 13 de abril de 2009
