¿Qué hacer para evitar los ‘choques de trenes’ entre Gobierno y Cortes y entre los más altos tribunales? ¿Qué hacer para evitar que el vencimiento de términos siga convertido en el mejor aliado de la impunidad y permita, por ejemplo, la excarcelación masiva de los miembros de las Fuerzas Armadas sindicados de violar los derechos humanos? ¿Qué tan necesario es el regreso al modelo de un Ministerio de Justicia técnico, capaz de generar una interlocución entre el Ejecutivo y las Cortes? ¿Qué hacer con el controvertido Consejo Superior de la Judicatura?
Estas son algunas de las preguntas más apremiantes que se formulan hoy, no solo los aspirantes a suceder a Álvaro Uribe, sino magistrados y analistas, que se encuentran asombrados con los altos índices de impunidad y con la alarmante congestión en tribunales y juzgados.
El magistrado Jaime Arrubla, uno de los experimentados integrantes de la Corte Suprema, echa de menos la existencia de una política de Estado para el fortalecimiento de la Justicia y se duele de que hoy la Rama tenga un presupuesto pírrico (apenas 1,2 por ciento del Presupuesto General de la Nación) y que sus recursos sean inferiores, incluso, a los de algunos organismos, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Augusto Ibáñez, presidente saliente del alto tribunal, lamenta a su vez la ausencia de una política criminal, mientras que su colega Sigifredo Espinosa, vicepresidente de la Sala Penal, considera que el país se equivocó al permitir que el Consejo Superior de la Judicatura, organismo creado originalmente para manejar los recursos de la Rama, se haya dedicado a administrar Justicia.
El debate sobre estos temas neurálgicos es enriquecido hoy con los aportes de notables como el ex magistrado José Alejandro Bonivento, miembro de un equipo de alto nivel creado para recomendar salidas a la crisis de la Justicia. De acuerdo con su opinión, contenida en un documento de trabajo que envió la semana pasada a varios magistrados, se debe crear una Corte única de Justicia que asuma las tareas de la Justicia ordinaria, el control constitucional y la jurisdicción contenciosa administrativa. También, es partidario del retorno al sistema de la cooptación para frenar el riesgo de la politización de la Justicia.
En este contexto, CAMBIO consultó la opinión de siete de los aspirantes a la Presidencia de la República, cuyas propuestas habrán se marcar la pauta del debate que se avecina.
“Sí al Ministerio, no a la judicatura”: Vargas Lleras
Frente a los ‘choques de trenes’ entre las altas Cortes he propuesto, primero, restituir el Ministerio de Justicia para que actúe como mediador cuando así se requiera; segundo, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, por ineficiente y por motivar estos ‘choques’; tercero, eliminar la tutela que hoy opera contra las sentencias de las Cortes, y cuarto, tornar obligatoria la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado para que el precedente fijado por cada una sea obedecido por las demás y por los jueces.
Restauraré de inmediato el Ministerio de Justicia para que el sector tenga un líder y los jueces un interlocutor. Tendrá un carácter técnico y dispondrá de recursos para realizar su tarea, pero sobre todo de un ministro respetado en el mundo del derecho y de un equipo de las mejores calidades.
En cuanto a los vencimientos de términos como factor de impunidad, hay que exigirles a quienes tienen a su cargo el proceso penal una mayor celeridad en sus actuaciones y establecer sanciones ejemplares para todo aquel que con su negligencia contribuya a la dilación del procedimiento.
En lo que se refiere al beneficio de la casa por cárcel, lo eliminaré para aquellos casos en que no existan razones excepcionales que lo motiven. Los delincuentes de mayor peligrosidad deben estar en las cárceles de máxima seguridad y no en sus casas”.
“Impulsaré la concertación entre las Cortes”: Pardo
La Justicia requiere de una intervención urgente, no solo para garantizar su independencia sino para superar la crisis creada por el nuevo sistema penal acusatorio. Impulsaré una reforma para que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no conozca de acciones de tutela y se limite a ser juez disciplinario de jueces y abogados, y lideraré un proceso de concertación entre las altas Cortes, para que ellas definan un mecanismo de revisión de las sentencias de tutela que evite el mal llamado ‘choque de trenes’.
En cuanto al vencimiento de términos como fuente de impunidad, hay que sancionar de forma ejemplar y expedita a los abogados y funcionarios judiciales que con su actuación den lugar a esta aberrante situación. Hay que revisar quiénes son los beneficiarios de la casa por cárcel y efectuar los ajustes a que haya lugar, pero sin suprimir el beneficio.
La fusión de los ministerios de Interior y de Justicia es un estruendoso fracaso del gobierno Uribe en materia de Justicia. No hay un doliente del sector, ni un interlocutor válido ante la Rama Judicial; el ministro de Interior y de Justicia ha delegado las tareas de Justicia en viceministros de modesto perfil, que no solo no resultan idóneos como interlocutores ante las altas Cortes sino que carecen de competencia para impulsar las reformas estructurales. Hay que volver al Ministerio de Justicia, pero no para hacerlo un fortín burocrático sino una entidad técnica, liderada por un jurista de quilates, que estudie, proponga y convierta en leyes las alternativas que exige la dinámica de nuestra sociedad para hacer realizable el derecho fundamental al acceso a la administración de Justicia.
“Hay que ajustar la justicia Penal Militar”: Petro
El Estado colombiano padece de una seria impunidad. Se han hecho esfuerzos importantes, como la adopción de la oralidad en los campos penal y laboral, pero resta hacerlo en las otras jurisdicciones, civil, de familia, contenciosa administrativa, así como ajustar la infraestructura y la capacitación de los funcionarios.
El vencimiento de términos se debe encarar de varias maneras. Cuando se trata de actuaciones de la Justicia Penal Militar, corresponde al Gobierno tomar las medidas para que los jueces militares acaten la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de los tribunales internacionales, que excluye las violaciones a los derechos humanos y otros delitos de la competencia de la jurisdicción penal militar. Introduciré los ajustes para que se limite al conocimiento de los delitos que correspondan exclusivamente a la función militar.
El vencimiento de términos se debe a actuaciones negligentes de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, cuyos integrantes han sido elegidos por el Congreso y propuestos por el presidente Uribe. Propiciaré que estos sean de las más altas calidades morales y académicas, y pediré ayuda a las facultades de derecho y agremiaciones de juristas.
El llamado ‘choque de trenes’ no es en sí mismo un problema, si se parte de una adecuada perspectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La tutela es un importante logro de la Constitución del 91 y la labor de la Corte Constitucional, al revisar tutelas, ha sido positiva en favor de los derechos fundamentales de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Dicha Corte sostiene que excepcionalmente procede la tutela contra providencias judiciales cuando las mismas incurren en una “vía de hecho”, es decir, cuando la decisión del juez es adoptada en forma contraria al contenido y voluntad de la ley, o en franco desconocimiento de las formalidades procesales.
La desaparición del Ministerio de Justicia atenta contra la colaboración armónica entre las Ramas para lograr los fines del Estado. La Rama Judicial requiere de un interlocutor permanente, no solo para los asuntos cotidianos sino para ejecutar una política criminal, que establezca la naturaleza de las actividades criminales y su trato diferenciado por las autoridades.
“Crearé los Tribunales Anticorrupción”: Noemí
Para evitar los ‘choques de trenes’ separaré el Ministerio del Interior y de Justicia, activaré la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y reformaré al Consejo Superior de la Judicatura. Frente a los vencimientos de términos, profundizaré en la modernización del sistema judicial, al adoptar tecnologías de información y reformas en el manejo de expedientes y procesos: deben acabarse las torres de papel que acumulan polvo en los juzgados y contribuyen a la impunidad.
Habrá nombramientos temporales de jueces de descongestión y una expansión del sistema acu-satorio a las demás jurisdicciones (laboral, civil, familia y administrativa). Crearemos los TAC (Tribunales Anticorrupción). Para elegir fiscal general, encargaré al ministro de Justicia para que trabaje de la mano con la Corte Suprema en la construcción del perfil que debe tener el fiscal. Para un criminal de alta peligrosidad, la ley no debe permitir casa por cárcel.
La figura del ministro le dará a la Justicia la prioridad que requiere, además de darle voz en el Gabinete. Se tienen que asignar con urgencia los recursos necesarios para la modernización de juzgados y fiscalías.
“Hay que construir pedagogía sobre la ley”: Mockus
Es necesario generar una política de Justicia democrática. Esto es posible solo si los conflictos se resuelven pacíficamente, se fortalece la figura del juez, se consolida el sistema penal acusatorio y si toda la rama comparte herramientas y voluntad de eficiencia para aumentar la oportunidad de los fallos. Hay que divulgar procesos y fallos que ayuden a construir pedagogía sobre la ley y que disuadan a los ciudadanos de usar vías de hecho para resolver conflictos. La celeridad y la calidad de la Justicia es la mejor forma de persuadir al ciudadano de usar vías constitucionales y de apego a la legalidad para resolver conflictos.
Atacaría las tres impunidades: la legal, la moral y la cultural. Reduciría la impunidad legal mejorando la gerencia de la Justicia y promoviendo la concertación interinstitucional. Desarrollaría un programa muy amplio de cultura de la legalidad que movilice a la sociedad vía educadores, periodistas, sacerdotes y otras personas con autoridad moral para ayudar a reducir la impunidad moral y social. El ‘choque de trenes’ se decanta de tres maneras: vía jurisprudencia de las Cortes (dejando que sucesivas decisiones judiciales autónomas, cada vez más coherentes entre sí, generen doctrina); vía consenso, buscado por las propias Cortes, y vía gran reforma de la Justicia, que requiere un consenso entre el Gobierno, representado por el Ministerio de Justicia, la Rama Judicial y el Congreso.
Impulsaría el uso más responsable de la tutela y apoyaría procesos de empoderamiento legal de los pobres. Haría pedagogía preventiva sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra, promovería el patriotismo constitucional y separaría los ministerios de Interior y Justicia. La Justicia requiere una atención especial incompatible con la misión más política del Ministerio de Gobierno. Nombraría un ministro(a) gerente obsesionado(a) por el servicio ciudadano, alguien experto en modernización del Estado y con formación sólida en derecho.
“Cortes por cooptación”: Andrés Felipe Arias
Debemos introducir reformas de fondo a los procesos constitucionales, penales, civiles y contenciosos administrativos, pero que sean redactadas por los nuevos y jóvenes juristas que no repitan las viejas reglas del derecho procesal del siglo XIX.
Hay que eliminar la procedencia de la acción de tutela contra las sentencias de las altas Cortes, pero estableciendo un recurso contra esas sentencias para que sea ejercido de modo directo ante la Corte Constitucional y solo por razones constitucionales. Habrá un tribunal de cierre que actúe como Corte de casación, a donde lleguen aquellos que se seleccionen para sentar jurisprudencia. La Corte Suprema deberá ser el tribunal de cierre en lo penal, lo civil y lo laboral. El Consejo de Estado, deberá serlo en lo contencioso administrativo. La Corte Constitucional será tribunal constitucional y dejará de ser el estadio de impugnación indefinida, a través de recursos de anulación o tutelas, contra sentencias y laudos arbitrales.
Los magistrados de las Cortes serán elegidos por cooptación, de listas que presenten las universidades y por concurso de méritos, y tendrán inhabilidades para ejercer cargos de elección popular.
Es necesario establecer la causal objetiva de falta disciplinaria de los servidores judiciales por vencimiento de términos y en ningún caso se podrá justificar la mora ni la dilación.
Hay que prohibir que la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura conozca de tutelas y de temas jurisdiccionales distintos a los disciplinarios. Hay que renovar esta sala y si es del caso revocarla para que allí solo lleguen profesores y ex magistrados mayores de 55 años y con méritos académicos.
Las relaciones entre Cortes, jueces y Fiscalía con el Gobierno se deben manejar dentro de un modelo de absoluta independencia y de autogobierno de la Rama Judicial.
No parece correcto, en un sistema democrático de pesos y contrapesos, que la Rama Judicial condicione su interlocución con la Rama Ejecutiva, siempre y cuando exista o no un Ministerio de Justicia. El Ministerio de Interior conserva una organización interna cuyas áreas de trabajo, bajo la dirección del viceministro de Justicia, permiten conformar equipos con las más altas calidades técnicas.
“Favoreceré la ‘e-justicia’ “: Fajardo
Hay una clara descoordinación entre las altas Cortes y la política estatal, motivada por la ausencia de un Ministerio de Justicia. A pesar de los avances en modernización, persiste la diferencia entre la demanda de Justicia y las capacidades del sector. Tramitaré un proyecto de ley estatutaria que, teniendo en cuenta la experiencia de la tutela desde el año 1991, la reglamente en forma adecuada contra providencias de las Cortes.
La reforma a la Justicia se enmarcará en la lucha contra la corrupción. Necesitará de un ministerio independiente que analice y dirima los ‘choques de trenes’.
En cuanto al vencimiento de términos, nuestra apuesta por la tecnología favorecerá la ‘e-justicia’, permitiendo la descongestión y facilitando los procesos judiciales. Además, se exigirán un mínimo de decisiones por parte de los jueces: cuando algunos sean sobrepasados por el exceso de trabajo se crearán mecanismos automáticos de descongestión. La debilidad de las penas, ejemplificada en beneficios como la casa por cárcel, debe aplicarse para delitos menores y nunca para homicidio, narcotráfico, violación, nexos con grupos ilegales armados, entre otros.
