Mientras tanto, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar tiene su propia visión del tema y se refiere, principalmente, a la facultad nominadora de las Cortes, de la que dice que si se le quita “le da más autonomía y se despolitiza” y advierte que de mantenerse el esquema actual lo único que se va a lograr es el aumento de los cuestionamientos.
El expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño, quien al negar la politización de la justicia, dice que “lo que creo es que se confunden en el debate esos términos. Una cosa es que ciertas decisiones judiciales tengan efectos políticos y otra cosa es que los magistrados o los jueces fallen esos procesos por móviles políticos o partidistas”.
Otro que no cree en este fenómeno, es el parlamentario andino y exsenador Héctor Helí Rojas, quien está convencido que esa imagen de politización se deriva del comportamiento de los mandatarios de turno frente a la administración de justicia.
“Lo que pienso es que gobiernos como los de Álvaro Uribe y como de Juan Manuel Santos no han entendido el papel que en el Estado moderno juegan los jueces”, agrega.
Para el catedrático Ernesto Rengifo todo este debate se materializa en un solo fenómeno: la corrupción.
“Lamentablemente todos estos movimientos políticos han querido utilizar la justicia para justificar sus errores de corrupción, es decir que es evidente que los políticos han tratado de deslegitimar la justicia, porque cuando surge alguna decisión salen a deslegitimarla. Así no se puede trabajar”, acusa.
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ricardo Monroy, afirma que el coctel entre política y justicia es un tema superado y recuerda que “todo el país sabe que con anterioridad al año 91 unos despachos eran liberales y otros conservadores, que había cierto nivel de clientelismo judicial, donde el funcionario, no por sus méritos en algunos casos, podían permanecer o acceder al servicio judicial”.
