Hernández, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, anunció que el cese de actividades está programado para el próximo 14 de octubre, pero que, antes, se realizaría una consulta con todos los trabajadores judiciales para saber si quieren entrar en paro.
“La junta lo que hizo fue proponer que los trabajadores en la fecha del 14 de octubre como hora cero para reiniciar el paro suspendido, pero se confirmaría por medio de una consulta nacional por papeleta para cada trabajador, unas urnas, con dos preguntas puntuales. Y si la gente no ratifica esa decisión, recogemos la iniciativa y buscamos otras estrategias para seguir en esa lucha. Pero si la gente ratifica la decisión, entraríamos en cese el 14 de octubre”, dijo el representante de Asonal.
Hernández explicó que la reanudación del cese de actividades se debe a la incertidumbre laboral que viven los trabajadores.
“Nosotros hemos visto que el Gobierno Nacional no ha materializado ninguna voluntad de resolver un paro que quedó suspendido el año pasado, que nunca se levantó. El Gobierno adquirió compromisos para el 2009, no los ha cumplido, no se han determinado a resolverlo.
Además eso ha creado una incertidumbre en torno a la estabilidad laboral, por cuenta del acto legislativo No. uno del 2008 de los provisionales”, señaló.
El dirigente sindicalista también explicó que hay temor por varios de los funcionarios judiciales como consecuencia de seguimientos, interceptaciones ilegales, y amenazas.
“La Rama Judicial”, agregó el sindicalista, “sigue acumulando procesos, carga laboral, congestión y no se ha hecho nada por realizar, como se había propuesto, una descongestión real”.
Versión del Gobierno
Por su parte, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, le envió un carta a Hernández, con fecha del 14 de septiembre, donde le responde un derecho de petición hecha por el funcionario, donde solicitaba reanudar las conversaciones con el presidente Álvaro Uribe para tratar los supuestos incumplimientos de parte Gobierno para con la Rama Judicial.
En la misiva, Valencia le hace saber al presidente de Asonal Judicial que “si bien es cierto, no se ha contado con la presencia directa del señor presidente, del nueve de febrero a la fecha, se han realizado nueve mesas de trabajo (…) que acreditan la materialización de compromisos adquiridos por el Gobierno el año pasado”.
En la carta se hace una descripción de los decretos mencionados con los siguientes compromisos por parte del Gobierno: Ampliar la prima de productividad para los empleados judiciales, establecer remuneración mensual para los cargos previstos en porcentajes del 70 por ciento de lo que por todo concepto percibe anualmente el magistrado de las Altas Cortes, establecer para jueces y fiscales un incremento en la remuneración mensual, e incluir un auxilio de transporte para los servidores públicos de la Rama Judicial.
En la misma carta, el Ministerio del Interior y Justicia manifestó que el viceministro del Interior y Justicia Miguel Ceballos tendrá el rol de coordinador entre el Gobierno y Asonal.
Asimismo por medio de un comunicado, emitido el jueves pasado, el Ministerio del Interior y Justicia aseguró que el Gobierno le ha cumplido a los servidores del sector de la justicia, “que, entre otras cosas, en los últimos dos años se han beneficiado con un aumento salarial real por encima de los demás empleados del Estado”.
Ilegalidad del paro
El presidente de Asonal Judicial también se refirió a la ilegalidad del paro, decretada por el Tribunal Superior de la Judicatura un año después del levantamiento del paro.
“Ahí llama la atención que la ley habla de esos procesos de declaratoria de legalidad de una huelga debe fallarse en diez días. Como vemos llevamos un año y hasta ahora se produjo el fallo de primera instancia. Hay se hace evidente que hay una afectación del debido proceso, porque se violaron los términos”, dijo.
Según el dirigente sindical, es evidentemente que el producir el fallo en este momento “no tiene otro propósito que el de tratar de bajarle la iniciativa a la organización y a los trabajadores, amedrentándolos con las consecuencias que puede tener eso en materia de sanciones, lo mismo que hicieron cuando me declararon insubsistente, para que no reclamen sus derechos”.
La ilegalidad del paro fue decretada el pasado 18 de septiembre por una sala de conjueces del Tribunal Superior de Bogotá, ante una demanda de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El argumento del Tribunal Superior fue que la justicia al ser un servicio público, no se puede disponer de un cese de actividades, pues afectaría a miles de usuarios y crearía un colapso de la justicia.
