En la agenda de quienes aspiraban a ser magistrados de las altas Cortes estaba el periplo por el Congreso. Una cita obligada para conseguir los votos que garantizarán el propósito de sus aspiraciones.
Se trataba de un lobby, legal, pero casi oculto por los pasillos del Congreso, para tratar de negociar el apoyo a la hora de una votación en el Congreso.
Para la elección de seis magistrados de la Corte Constitucional, que entrarán a partir de enero y febrero de 2009, los aspirantes deberán volver al Senado, la diferencia es que su diálogo con los congresistas será público, en audiencia a puerta abierta y tendrá la vigilancia de la academia y en general de la sociedad civil.
Hoy seis abogados serán los primeros en someterse a la lupa del Senado en sus aspiraciones de llegar a la Corte Constitucional. Se trata de quienes componen las dos ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia.
El primer examen lo deberán superar los abogados Ana Zenobia Giacomette Ferrer, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Eliécer Mosquera Trejos, Dora Consuelo Benítez Tobón, Luis Ernesto Vargas Silva y Javier Tamayo.
Entre ellos saldrán quienes remplacen a los magistrados salientes Clara Inés Vargas y Jaime Córdoba Triviño. El Senado, antes del 16 de diciembre, deberá escoger a uno de cada una de estas ternas para suplir dos de las seis vacantes que tendrá que escoger.
Las otras cuatro vacantes saldrán de las ternas que postulen tanto el Consejo de Estado, como el Presidente de la República.
Veeduría a elección
Trece organizaciones civiles se unieron para conformar el primer proyecto de vigilancia a la elección de magistrados de la Corte Constitucional, la cual deberá hacer el Senado antes de 2009.
El proyecto, bautizado ‘Elección Visible’, tiene como propósito “monitorear los niveles de transparencia” en el proceso de postulación y elección de los magistrados del máximo tribunal constitucional del país.
Este año, seis de los nueve magistrados que hoy componen la Corte, deberán ser remplazados. La “nueva” Corte Constitucional tendrá como retos la decisión sobre temas como la segunda reelección, sentencias contra tutelas, eutanasia, aborto, derechos de parejas homosexuales, derechos a indígenas, posibles futuros procesos de paz, libertad de prensa, consideraciones fiscales en los fallos, entre otros.
“La legitimidad de la Corte Constitucional no puede ser cuestionada. La elección de magistrados no puede llevarse a cabo a puerta cerrada. Se requiere transparencia en el proceso de selección de los candidatos y en el proceso de elección de los magistrados”, dijo Rafael Santos, representante Legal de la Corporación Excelencia en la Justicia, entidad que lidera el proyecto “Elección Visible”.
“Esta elección es trascendental para el país y debe estar a la altura de la institucionalidad. No podemos permitir que esta elección se haga a nuestras espaldas. Es mucho lo que está en juego”, consideró Margareth Flórez, directora de Transparencia por Colombia.
Como un primer paso para garantizar la transparencia en el proceso, “Elección Visible” invitó al Presidente de la República, Álvaro Uribe, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, los nominadores, a hacer públicos los criterios de selección y a dar a conocer los candidatos que serán tenidos en cuenta para la conformación de las ternas. Al proceso de elección de quienes serán magistrados de la Corte Constitucional, se vincularon ocho decanos de facultades de Derecho en el país.
“El papel que juegan los magistrados de la Corte Constitucional es muy importante. Su función es garantizar el cumplimiento de la Constitución y de los derechos humanos y por eso, es importante que los colombianos conozcan las hojas de vida de los candidatos, su trayectoria y su posición política”, afirma Eduardo Cifuentes, decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes.
La Opinión / 11 de noviembre de 2008
